La Habana, 10 de agosto de 2025
Desde y entre 2021 y 2025 estamos asistiendo a la lenta, deliberada y voluntaria descomposición del Estado.
Contrario a lo que venía sucediendo a finales de la década anterior, con el proceso de institucionalizar más las políticas desde el Estado, disciplinar al gobierno a través de la ley e incorporar ciertos derechos fundamentales como límites al comportamiento del poder ?que resultó en la nueva Constitución de 2019?, el gobierno cubano ha tomado el camino de reforzar la violencia política, la violencia narrativa y la violencia jurídica como respuestas a una sociedad que le desborda, que se auto democratiza y a la que no logra entender.
Entre la “orden de combate está dada” del 11 de julio 2021 y la amenaza al país con un “mar de sangre”, cincelada en la edición digital del periódico Granma del 8 de agosto de 2025 hay un itinerario de desmerengamiento del Estado que el Consejo para la Transición Democrática en Cuba(CTDC) considera sumamente peligroso. Ambos eventos perfilan un escandaloso mensaje de condena a muerte adelantada a una sociedad en cambio, que mayoritariamente clama por la transformación profunda de nuestra realidad.
Por otra parte, amenazar con un “mar de sangre” a todo un país hundido en la pobreza, la desesperanza y el hastío es incompatible con ser un miembro casi permanente del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. La comunidad internacional debe tomar nota de lo que no es un exabrupto de Estado. Haití es un alarmante precedente en este hemisferio.
El monopolio de la violencia que se le reconoce a los Estados es legítimo precisamente porque estos debengarantizar el orden y la convivencia pacíficos en la sociedad; no es legítimo cuando es utilizado por el poder político como respuesta violenta al reclamo y a la acción pacíficos de esa misma sociedad.
Este peligroso camino explica el sistemático e ilegal uso de la Policía Nacional como instrumento contra el comportamiento cívico de la ciudadanía, de la sociedad civil y de la oposición pacífica, en detrimento de su misión y capacidad para responder de forma rápida, eficaz y eficiente a la espiral de violencia social y feminicida que atraviesa a Cuba. La Policía Nacional es puntual para sitiar casas y detener activistas completamente pacíficos. No aparece cuando es llamada para controlar la violencia que se desata en comunidades o para evitar un feminicidio.
El CTDC hace un llamado a la sociedad, a las iglesias, a las fraternidades y fundamentalmente a los ciudadanos a no subestimar las amenazas de y la incitación a la violencia provenientes del gobierno ?penadas por la ley y usada contra ciudadanos que no la practican?, y a articular ideas, proyectos, discursos, prácticas y estrategias contra la violencia en un proyecto mayúsculo y compartido de acción disuasoria, de educación anticipativa, de denuncia legítima, de comunicación simbólica y de prácticas cotidianas para blindarnos contra la amenaza y el uso de la violencia incrementada que se avecina desde el gobierno.
La sociedad civil tiene una responsabilidad y una oportunidad de alcanzar una hegemonía en la nueva narrativa social que ya empieza a tomar cuerpo en la sociedad cubana. Esto pasa por el uso permanente del lenguaje pacífico, civilizado y de inclusión. Y de la ley.
El CTDC pone a disposición de este propósito común, cada vez más urgente, su estrategia Shanti contra la violencia.
Entendamos, finalmente, que aquí hay dos problemas. Uno, que la violencia ideológica del fanatismo es peor y más cruel cuando ya no puede justificarse en la ideología. Dos, que la solución final de un totalitarismo en apuros es la de recurrir a la violencia original de una minoría que en 1959 se sacrificó para imponerse, arriesgando sus propias vidas, para proteger hoy los privilegios de otra minoría glamorosa, bunkerizada y con residencia extranjera ?que nada arriesga en el 2025?, contra una sociedad empobrecida y pacífica.
Este es un desafío para la posible continuidad de la convivencia civilizada en Cuba.
Consejo para la Transición Democrática en Cuba