Por Siro Del Castillo*
“Nadie cambiaria su país por una tierra extranjera si el suyo le diera los medios parar vivir una vida decente y feliz”.
Al asumir Joseph R. Biden la Presidencia de los Estados Unidos de América el pasado 21 de enero, el panorama de la situación del problema de la inmigración en este país, parecía encaminarse a un reforma del sistema de inmigración donde se lograra “tener una frontera ordenada, segura y bien gestionada al mismo tiempo que tratara a las personas de manera justa y humana”.
Durante los primeros siete meses transcurridos de la Administración Biden-Harris, la misma ha realizado un esfuerzo de reformas que permitiera construir un sistema de inmigración que fuera más justo, ordenado y humano. Muchos pasos se tomaron por medio de Decretos Ejecutivos eliminando muchas de las políticas duras de la anterior Administración. Medidas que en muchos casos presentaron soluciones más justas y humanas para los inmigrantes, como por ejemplo ha sido el otorgamiento a los venezolanos de la protección bajo el TPS, que les fuera otorgado el pasado mes de abril.
También el Presidente Biden, cumplió su promesa de enviar al Congreso un proyecto de reforma migratoria. Hoy conocidas como la “Ley de sueños y promesas” (H.R. 6) y la “Ley de modernización de la fuerza laboral agrícola” (H.R. 1603). Ambos proyectos de ley fueron aprobados por la Cámara con apoyo bipartidista, que pudiera crear un camino hacia la ciudadanía para los soñadores (Dreamers), los que cuentan con el TPS (Estatus de Protección Temporal), y los trabajadores agrícolas que beneficiarían a millones de familias. Sin embargo, estos proyectos se encuentran temporalmente estancados en el Senado, pero la Casa Blanca, los defensores de los inmigrantes, los miembros del Congreso que están a favor de encontrar una solución no pierden las esperanzas.
Si bien al principio de la nueva Administración el tema de la inmigración se veía opacado, con otros serios problemas a los que se estaba enfrentando la nación, como lo eran la pandemia de mortales consecuencias, el colapso de la economía, los enfrentamientos sociales y el violento ataque al Capitolio. Este último incitado por políticos dedicados a crear la división, el caos y promover la intolerancia. Surgen ahora, nuevas situaciones donde el “fantasma” de la inmigración vuelve a ser noticia.
1 Papa León XIII, «Revolucionario» (1891) (# 47)
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Al analizar los recientes acontecimientos mundiales vemos que tienen una inevitable repercusión en el tema migratorio. Por un lado los problemas en la frontera sur con la llegada de miles de desesperados refugiados, las recientes manifestaciones sociales por falta de libertades en Cuba, el asesinato del Presidente de Haití, seguido de un poderoso terremoto con más de 1900 muertos, y la crisis ocurrida con la retirada de las tropas norteamericanas y la llegada de los talibanes a la capital de Afganistán asumiendo el control del país. Situaciones que provocan éxodos migratorios inmediatos que generan una crisis humanitaria.
Los seres humanos afectados por estas situaciones más recientes se sumaran a la cifra de 82.4 millones de personas, que en un informe del 2020 de la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), han sido “desplazadas por la fuerza, debido al conflicto, la violencia, la persecución y el abuso de los derechos humanos”. Cifra que ha aumentado “por noveno año consecutivo”.
En su informe la ACNUR recalca “que los Estados partes en los principales instrumentos internacionales de derechos humanos tienen la obligación de respetar, proteger y hacer efectivos los derechos humanos de todos los migrantes bajo su jurisdicción, independientemente de la nacionalidad o situación migratoria de estos, de conformidad con el principio de no discriminación; b) Alienta a los Estados que aún no lo hayan hecho a que ratifiquen y apliquen todos los instrumentos internacionales de derechos humanos, incluida la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de Sus Familiares, y a que velen por que las políticas de migración se basen en las normas y criterios internacionales de derechos humanos”.
La ACNUR señala también que: “Entre las violaciones de derechos humanos cometidas contra los migrantes figuran la denegación de derechos civiles y políticos, en forma de detención arbitraria, tortura o falta de debido proceso judicial, así como la vulneración de derechos sociales y culturales tales como los derechos a la salud, la vivienda o la educación. La denegación de derechos a los migrantes suele estar estrechamente vinculada a leyes discriminatorias y prejuicios y actitudes xenófobas muy arraigados”.
En este contexto es importante que en los Estados Unidos de América exista el compromiso de que todos “trabajemos con el fin de promover, proteger y hacer cumplir los derechos humanos de todos los migrantes, cualquiera que sea su condición”. Con especial atención a los migrantes que se encuentran en situación de vulnerabilidad y corren mayor riesgo de padecer violaciones de derechos humanos.
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Desde los primeros días de su pontificado, para el Papa Francisco el tema de la inmigración ha sido un punto especial de sus preocupaciones y ha lamentado “la globalización de la indiferencia mostrada a los migrantes y otras poblaciones”.
Para los católicos, el camino a este compromiso nos los señaló el Papa Francisco, en su mensaje a la “Jornada Mundial de Migrantes y Refugiados” en el 2018, donde nos pidió “acoger, proteger, promover e integrar a los inmigrantes y refugiados”. Como creyentes tenemos la obligación de acoger “a aquellos que migran por necesidad”; proteger “con acciones en defensa de los derechos y la dignidad de los inmigrantes y refugiados, independientemente de su estatus migratorio”; promover que se le den “las posibilidades de realizarse como personas en todas las dimensiones que componen la humanidad querida por el Creador; integrar “en el plano de las oportunidades de enriquecimiento intercultural generadas por la presencia de los emigrantes y refugiados”.
En muchas oportunidades el debate sobre el tema migratorio se concentra en el respeto a las leyes de inmigración de los países. La enseñanza de la Iglesia reconoce la importancia de la aplicación de la ley de inmigración, “siempre y cuando respete la dignidad humana de los migrantes, apoye la integridad de la familia, se aplique de manera humana y proporcional, y deje espacio para formas humanitarias de asistencia cuando sea necesario”.
Para los católicos, la búsqueda de una Ley verdaderamente justa y humana, necesita de nosotros un cambio de actitud hacia los que buscan para sus familias y para ellos “vivir una vida decente y feliz”, con el fin de “superar la indiferencia y anteponer a los temores una generosa actitud de acogida hacia aquellos que llaman a nuestras puertas”. En un trabajo anterior señalamos que “Las enseñanzas de la Doctrina Social de la Iglesia nos comprometen a que aboguemos por políticas que apoyen a los inmigrantes y los refugiados. Políticas que se correspondan con los principios y valores que profesamos, “que propongan medidas y soluciones justas, donde la persona humana sea el centro y el objetivo de las mismas”.
Hoy en día nos toca actuar ante lo que está sucediendo estos días en el Congreso de los Estados Unidos de América. La necesaria “conciliación presupuestaria” está al centro del debate como mecanismo para poder avanzar legislación por mayoría simple y no con los 60 votos requeridos para superar bloqueos en el Senado ante la nula colaboración republicana. Y hay un esfuerzo real para agregar medidas de legalización de indocumentados al proyecto de ley que se consideraría por “conciliación”, si es que se autoriza la inclusión de esas medidas. Los demócratas del Senado han anunciado un acuerdo entre ellos en torno al proyecto de conciliación donde se podría incluir la legalización de los Dreamers, beneficiarios del TPS, trabajadores agrícolas, y posiblemente otros trabajadores esenciales.
Esta nueva situación en el seno del Congreso de los Estados Unidos de América, que le abre las puertas a la esperanza de millones de personas en este país, nos obliga como católicos a rechazar toda política extremistas en contra de los migrantes y a luchar por cambios en las leyes de inmigración que estén fundamentados en el principio del respeto a la dignidad de la persona humana y sus derechos humanos inalienables. Reafirmando que una sociedad justa solamente se puede ver realizada en “el respeto de la dignidad trascendente de la persona humana”.