El valor de las constituciones no se mide por su preámbulo ni por hermosas palabras de presentación, sino por su imposición efectiva en toda la sociedad.
GUANTÁNAMO, Cuba.- Desde que se anunció la publicación del Proyecto de Constitución intuí que su proceso de análisis iba a recibir una constante acción ideológica oficialista. Apenas en el preludio del proceso lo he corroborado al leer la Introducción del documento.
Según ella, el proyecto es el fruto de una labor iniciada en el 2013, cuando el Buró Político del Partido Comunista de Cuba acordó crear un grupo de trabajo presidido por el General de Ejército Raúl Castro Ruz. Tal afirmación basta para demostrar que no es el pueblo —como se afirma— el verdadero constituyente, porque esa condición recae únicamente en la nomenclatura superior del partido y en los encargados de aprobar unánimemente sus decisiones en la Asamblea Nacional del Poder Popular. El hecho también prueba que la Constitución cubana es y será siempre un apéndice de ese partido, y por tanto, un documento incapaz de generar la credibilidad institucional que necesitamos.
La Introducción afirma que es necesario hacer corresponder la Constitución con nuestra realidad y eso también demuestra que no es precisamente la institucionalidad lo esencial para el castrismo, porque en el caso de nuestro país el partido pasó por encima de la Constitución de 1976 al introducir cambios en las estructuras del Poder Popular y en la economía. En un país que respete la Constitución el proceso es a la inversa, primero se modifica la Carta Magna y luego se aplican las nuevas políticas. Una proyección de defensa efectiva de la institucionalidad pasa por la elaboración de constituciones capaces de prever el futuro y de crear mecanismos garantistas de sus derechos. Esto último no parece ser un objetivo a corto plazo.
Dice la Introducción que el Proyecto de Constitución es un documento inclusivo y democrático y que para elaborarlo fueron tomadas —como presupuesto esencial— las ideas de Fidel Castro. Si esas ideas fueran las que suscribió en el Programa del Moncada, el Pacto de México, el de la Sierra y el de Caracas, estaría de acuerdo con tal afirmación, pero como las que tomaron en cuenta pertenecen al tiempo en que el líder traicionó los ideales democráticos de la revolución esa afirmación es una falacia.
Uno de los momentos más tergiversadores de esta Introducción es cuando afirma que los redactores del Proyecto de Constitución hicieron un análisis profundo de nuestra historia y tradición constitucional y de los procesos constitucionales de otros países de la región y del mundo. Si fue así realmente no aprovecharon nada de ese acervo jurídico pues la historia constitucional cubana desde Guáimaro hasta la Carta Magna de 1940 es una excelsa defensa de los ideales democráticos y de los derechos civiles y políticos de todos los cubanos. De haberse tenido en cuenta la tradición constitucional cubana, la de los países latinoamericanos y otros del mundo occidental, en este proyecto no existiría la imposición de un único partido y su doctrina ideológica a toda la sociedad. Es falso entonces que el proyecto esté marcado por esa tradición pues ella tiene 149 años y, de ellos, solo 59 corresponden al castrismo. Los noventa años restantes estuvieron marcados por un constitucionalismo que sí reconocía a la tripartición de poderes, la libre elección de los gobernantes y cargos públicos, la prensa libre, el multipartidismo y el absoluto respeto a todos los derechos individuales, un logro del que está muy lejos el castrismo. Si se hubieran tenido en cuenta los procesos constitucionales de la mayoría de los países del mundo el proyecto sería realmente inclusivo y democrático, pues sólo Cuba, China, Viet Nam y Corea del Norte tienen el “privilegio” de ser dictaduras de partido único, una aberración jurídica en pleno siglo XXI.
En cuanto al término de “Estado socialista de derecho”, introducido según los redactores del proyecto con el fin de reforzar la institucionalidad, el imperio de la ley y la supremacía de la Constitución, se trata de otra afirmación inexacta e incongruente. Lo que necesita Cuba no es “reforzar” su institucionalidad sino garantizarla, algo que no se logra sólo con la incorporación de este concepto —por demás incompatible con el sistema de partido único, como ha demostrado la misma historia del castrismo— sino con la de todos los derechos humanos y con la creación de mecanismos garantistas de su cumplimiento.
En las consideraciones finales se afirma que el proceso de consulta que se propone desarrollar es expresión del carácter democrático y participativo del Estado revolucionario y constituye un ejercicio del poder soberano del pueblo, devenido en órgano constituyente de la nación, pero un Estado no es democrático cuando, como el cubano, excluye, discrimina y proscribe a otras fuerzas políticas, u hostiga, detiene y extorsiona a quienes se le oponen pacíficamente. No puede afirmarse que el proceso va a ser participativo y democrático porque se desconoce —y no se sabrá— cuál será la atención que recibirán los planteamientos del pueblo ni quién decidirá sobre su destino, y mucho menos será un ejercicio del poder soberano del pueblo porque este no puede pronunciarse en contra del sistema de partido único. Tales razones desmantelan de raíz lo que afirma la Introducción.
Esta termina —no podía ser de otra forma— con palabras pronunciadas por Fidel Castro cuando se promulgó la constitución vigente. Entonces afirmó que la constitución debía cumplirse rigurosamente, que la revolución no podía crear instituciones o principios que no se cumplan, que había que luchar tenazmente para que nadie pudiera imputarle jamás a la revolución que acordó leyes y principios que después no se cumplieron.
Precisamente fue eso lo que ocurrió con la Constitución de 1976, lo mismo que con muchos de los acuerdos de los congresos del partido, según reconoció en una ocasión Raúl Castro. Cuarenta y dos años después de su promulgación, el gobierno que el mismo Fidel Castro presidió y continuó liderado por su hermano, dejó de promulgar numerosas leyes complementarias para garantizar el cumplimiento efectivo de los muy limitados derechos que reconoció dicha Carta Magna, que siempre ha sido letra muerta.
Veremos qué pasará con la que ahora nos quieren imponer, porque el valor de las constituciones no se mide por su preámbulo ni por hermosas palabras de presentación, sino por su imposición efectiva en toda la sociedad, incluidas sus fuerzas políticas. Cuando un partido se sitúa por encima de la Constitución ésta siempre será otro documento más.
ROBERTO JESÚS QUIÑONES HACES . CUBANET