Tomado de la Revista Trabajo y Democracia Hoy
CEMPROS -MÉXICO
Patricia Pozos Rivera Profesora de la Facultad de Economía, la Escuela Nacional de Trabajo Social y de la Facultad de Ciencias Política y Sociales, todas de la UNAM. Integrante de la Sociedad de Economía Política y Pensamiento Crítico de América Latina – México (SEPLA – México), e Integrante del Centro de Análisis de Coyuntura Económica, Política y Social, CACEPS. Correo: patriciapozos@hotmail.com
UNA DE LAS POLÍTICIAS Y ESTRATEGIAS que utilizan los dueños de Empresas es la de someter a los trabajadores a tratos y convenios que generen divisiones entre ellos, dentro de un propio país o con relación a trabajadores migrantes. Impidiendo que sean una gran fuerza en su contra, a través de diversos mecanismos, por ejemplo, difundir la idea de que los trabajadores extranjeros son los culpables de la precariedad laboral de los trabajadores nativos.
El objetivo del presente escrito, es explicar cómo diversos gobiernos de Estados Unidos de Norte América (EUA), han venido generando una política migratoria que criminaliza a los inmigrantes, con- vertiéndolos en los enemigos y culpables de los problemas que sufre la clase obrera norteamericana, es decir, con la política de “tolerancia cero” de Donald Trump, estamos viendo muy exacerbada dicha política, que no es nueva, es una estrategia que ha venido desarrollando con la finalidad de controlar la fuerza de trabajo migrante tan necesaria en su país.
Es importante señalar, que si bien existen muchos motivos por los cuales la población emigra de sus lugares de origen, en el caso de la migración México – EUA, la mayoría es por cuestiones laborales, estamos hablando de una migración laboral. Finalmente, decir que cuando se piensa en las causas de la migración, siempre se culpa a los países de origen de migrantes, porque no pueden retener a los trabajadores por la falta de empleos y oportunidades, pero nunca se habla de la demanda de dicha fuerza de trabajo que generan los países de destino, es decir que la migración de mexicanos a EUA obedece a su demanda, debido a que por un lado son trabajadores que realizarán actividades que no quieren asumir los trabajadores nativos, y por el otro, al envejecimiento de la población trabajadora norteamericana.
El artículo está dividido en 3 partes, en la primera se abordan datos de la migración México –EUA, para demostrar que es una migración principalmente de trabajadores; en la segunda se profundiza la política migratoria, que se ha venido imponiendo desde hace ya varias décadas, enfatizando lo nuevo que ha impuesto Trump y en la última parte, a modo de conclusión una reflexión sobre cómo afecta dicha política migratoria a los trabajadores inmigrantes.
- Migración Laboral México – Estados Unidos
De acuerdo con el Anuario de migración y remesas 2016, (Fundación BBVA Research, 2016) los emigrantes mexicanos tienen como destino principal Estados Unidos; a ese país se dirige el 98% del flujo, le sigue Canadá con el 0.76% y España con 0.38%; en el año 2015 había en Estados Unidos 12.2 millones de personas que habían nacido en México.
El rango de edad en que más migran es de 18 a 29 años, representando el 44.2%, le sigue el rango de 30 a 45 años con el 32%; de los 18 a los 45 años cubren el 76% del flujo migratorio; estamos hablando de población en edades productivas y sobre todo juvenil. Si además observamos que el 68% de los mexicanos que se encuentran en Estados Unidos son población económicamente activa, y que de ésta el 93% se encuentra ocupada en el mercado laboral, podemos concluir que la migración México Estados Unidos es básicamente una migración laboral.
La organización económica y productiva de la unión americana, ha tenido una gran transformación, después de la gran crisis económica de los años 70; su actividad productiva industrial ha disminuido, debido a que gran parte de las diversas empresas salió del territorio, por ejemplo las textileras y las automotrices; otras empresas no se salieron del país pero se reubicaron. La zona tradicional de industrialización automotriz que se localizó en la zona de los grandes lagos al noroeste del país, ahora es conocida como el rustbelt, el cinturón del óxido haciendo referencia al desmantelamiento de la actividad industrial en dicha zona. Diversas son las causas para explicar dicha relocalización, mencionaremos dos: la primera es porque las empresas buscaron mano de obra más barata, México fue uno de esos mercados laborales, y el segundo fue buscar dentro de Estados Unidos, trabajadores que no tuvieran una tradición sindical, para que fuera más fácil recortar toda una serie de derechos laborales, que la lucha obrera había ganado a través de históricas luchas, como por ejemplo el derecho a servicios médicos, a una pensión, a educación y vivienda.
Otra de las transformaciones de la economía estadounidense, fue el aumento del sector terciario o de servicios, cuya característica es la precarización laboral y es el sector en el cual de manera progresiva se han ido incorporando los mexicanos inmigrantes en Estados Unidos; de 2013 a 2015 el 81.5% de los mexicanos se incorporaron a dicho sector, el 15.4% se incorporó al sector secundario y solo el 3.1% se empleó en actividades del sector primario, sin embargo este sector tiene una gran relevancia, porque más del 80% de su mano de obra es mexicana e indígena.
- Lo nuevo y lo no tan nuevo en la Política Migratoria de Donald Trump
Como se mencionó en el apartado anterior, hablar de política migratoria, es hablar de una política para regular el flujo de trabajadores, que intentan ingresar al mercado laboral de Estados Unidos. Es importante revisar la historia, para ver en qué momento se comenzó a construir la idea, de que los trabajadores sin permiso migratorio son criminales. Los flujos de población obedecen a las necesidades del mercado laboral, por ejemplo debemos recordar el programa Bracero que estuvo vigente de 1942 a 1964; causa, la escasez de mano de obra norteamericana, por su participación en la Segunda Guerra Mundial, obligó a Estados Unidos a solicitar trabajadores de manera institucional, principalmente para el trabajo agrícola. Es después de la IRCA, por sus siglas en inglés, Ley de Reforma y control de la inmigración de 1986, en el período de Ronald Reagan, cuando se incrementó la inmigración ilegal.
Dicha ley permitió la legalización de inmigrantes que entraron a Estados Unidos antes de 1982 y que cumplían una serie de requisitos, como comprobar que no habían cometido ningún delito, pero también criminalizó contratar a inmigrantes irregulares y al mismo tiempo convirtió en ilegales, a todos los inmigrantes que no pudieron cumplir los requisitos, para poder regularizar su estadía en EUA, por eso Jorge Durand dice que a partir de entonces entramos a la época de la inmigración clandestina (2003:48).
Después en 1988 en modificaciones a la INA, Immigration and Nationality Act1 (Ley de inmigración y nacionalización), hacen meritorias de deportación a las personas que cometieron delitos, a los cuales se les castiga con 5 años o más de prisión; así las ofensas menores como robo en tiendas, podía hacer a los inmigrantes elegibles para ser deportados, y en 1990 se reduce a 1 año, es cuando por faltas menores como presentar mal una declaración de impuestos, se convierten en candidatos para la deportación, catalogándolos como criminales.
En el período de Bill Clinton, con Ley de Inmigración ilegal y responsabilidad del inmigrante de 1996, la IIRIRA por sus siglas en inglés, se hace retroactiva la ley y otorgó al Fiscal General, amplia autoridad para construir barreras a lo largo de la frontera sur con México. Como vemos, la criminalización y la política del muro no es nueva. Lo que podemos notar como nuevo es que se ha intensificado la persecución de los inmigrantes con la Política “Secure Communities” que es un programa
www.uscis.gov/laws/immigration-and-nationalityact.
de deportación estadounidense, que depende de la asociación entre las agencias de la aplicación de la ley federales, estatales y locales; este programa es coordinado por la Agencia de Servicio de Inmigración y control de aduanas, ICE por sus siglas en inglés, la cual es parte del Departamento de Seguridad Nacional, pues desde los atentados del 11 de septiembre, la inmigración es parte de la Seguridad Nacional de dicho país.
Este programa vuelve autoridades migratorias a los policías locales, es decir, en todas las ciudades de todos los Estados, se pretende que los policías que detienen a la población por delitos menores, como pasarse una luz roja de tránsito, tienen que solicitar los documentos, para que
El 27 de enero de 2017 el Departamento de Seguridad Nacional reinició el programa comunidades seguras, según orden ejecutiva firmada por el presidente Donald Trump. comprueben su estadía legal en el país, si no logran demostrarla, las policías locales mandan los datos del detenido, sus huellas digitales, a las autoridades migratorias para que sea deportado.
Las ciudades santuario son aquellas en las que sus gobernadores han decidido no atender dicha política federal, por lo que las policías no solicitan que demuestren su estadía legal en el país.
Otro asunto que también es propio de Trump, es el gran negocio ligado a la detención de los inmigrantes indocumentados, pues la construcción de los centros donde tienen detenidos a los inmigrantes es por empresas privadas, las cuales obtienen beneficios por construir y por recluir a migrantes adultos y niños. En una nota que publicó la BBC NEWS el 25 de junio del presente año, se menciona que en 2017 el Servicio de inmigración y control de aduanas, ICE por sus siglas en inglés, destinó casi 3 mil millones de dólares para costear el sistema de detención de extranjeros.
La principal empresa que se está beneficiando de dicha política es GEO group, empresa transnacional que presta servicios a los gobiernos, en la gestión de cárceles y correccionales en diversos países. Otra empresa beneficiada es Core Civic, la cual reportó que en 2017 el 25% de sus ingresos fueron gracias a sus contratos con ICE, lo equivalente a 444 mil millones de dólares y para el caso de la empresa GEO group, los contratos con ICE tuvieron un monto de 429 millones de dólares.
Como empresas que son, lo que quieren es que se incremente el número de detenciones, es por ello que están a la espera de una orden ejecutiva que modifique la política de deportaciones, pues actualmente en Estados Unidos tienen dos formas para gestionar que no ingresen inmigrantes extranjeros sin documentos; la primera es una política de Returns, que son regresos de inmigrantes que atrapan en la frontera, no atraviesan ningún proceso legal, es decir los detienen y los regresan, a esa política se le llama “catch and release” y las empresas privadas que construyen los centros de detención quieren una orden ejecutiva de Trump, que pare esta forma, y lo que buscan es que por ley, todos los inmigrantes que se detengan, se deben recluir en los centros de detención, porque de esa manera tendrán más presupuesto gubernamental; el proceso se llama Removals, el cual implica un proceso legal por el que deben estar detenidos.
El efecto de la Política Migratoria en los trabajadores migrantes
La política migratoria de “tolerancia cero” de Donald Trump, que incluye: la construcción del muro, las deportaciones, la criminalización de la migración, la disminución del presupuesto a ciudades Santuario, disminuir la política de “catch and reléase” e incrementar las deportaciones que implican un juicio legal y por lo tanto mantener a los inmigrantes en centros de detención, que separó a miles de niños de sus padres, desde mi punto de vista, no está encaminada a detener el flujo de trabajadores inmigrantes, lo que realmente busca es romper la organización de los trabajadores por la defensa de sus derechos, es decir, busca profundizar la precarización laboral.
A pesar de los altos costos del viaje, de los muros fronterizos y todos los obstáculos, los inmigrantes indocumentados siguen llegando a Estados Unidos por una razón, siguen contratándolos, son un recurso estratégico para EUA debido al envejecimiento de su población; de acuerdo a un artículo del Pew Research Center (Jeffrey S. Passel y D’veraCohn, 2017) la fuerza laboral actual de Estados Unidos, está abastecida principalmente por los nacidos en el Baby boom, los que nacieron después de la Segunda Guerra Mundial hasta 1965, pero a medida que esta generación se jubile, los inmigrantes jugarán el papel principal de abastecedores de trabajadores.
Las proyecciones muestran una reducción de 8,2 millones de estos adultos, esa pérdida se compensará parcialmente con un aumento en el número de adultos nacidos en Estados Unidos con padres inmigrantes en edad de trabajar, pero el componente más importante del crecimiento de la población trabajadora durante las próximas dos décadas será la llegada de futuros inmigrantes.
Al criminalizar la migración indocumentada, se genera un ambiente hostil hacia ellos, que impide que los trabajadores estadounidenses y la sociedad civil se involucren en cualquier actividad de apoyo, a la lucha por la reivindicación de sus derechos laborales, además los propios trabajadores indocumentados se negarán a participar en sindicatos, no asistirán a marchas, no denunciarán a sus patrones si es que han tenido algún abuso de su parte. El discurso xenófobo y de odio tiene una razón económica. Tiene su función y es debilitar las luchas justas de los trabajadores.
Bibliografía
Durand, Jorge y Douglas S. Massey [2003], Clandestinos. Migración Mé- xico – Estados Unidos en los albores del siglo XXI, Universidad de Zacatecas, Miguel Ángel Porrúa, Librero editor, México. Fundación BBVA Bancomer, BBVA Re- search, Segob y Conapo [2016], Anuario de migración y remesas Méxi- co 2016, Fundación BBVA Bancomer, BBVA Research, Segob y Conapo, México. Passel, Jeffrey S., and D’vera Cohn [2017], Immigration projected to drive growth in U.S. working age population through at least 2035, Pew Research Center.