Más de diez años después del fallecimiento del opositor cubano Oswaldo Payá, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh) publicó este lunes los resultados de su investigación sobre el caso: «Existen indicios serios y suficientes para llegar a la conclusión de que agentes estatales tuvieron participación en la muerte de los señores Payá y (Harold) Cepero».

Para el régimen cubano, argumenta el texto, la eliminación de ambos disidentes del escenario político tuvo un valor estratégico: provocar un duro golpe en la estructura de la organización liderada por Payá, el Movimiento Cristiano Liberación, y debilitar a la oposición.

Un detallado informe, que incluye los datos proporcionados por los familiares y por un testigo directo del «choque vehicular», provocado por un carro de la Seguridad del Estado, en que perdió la vida el opositor el 22 de julio de 2012, permiten a la Comisión –un órgano de la Organización de los Estados Americanos (OEA)– contravenir la versión oficial divulgada por las autoridades cubanas.

La Cidh concluyó su investigación el 19 de diciembre de 2022, pero el documento fue retenido hasta ahora por motivos desconocidos, aunque se sospecha de algunas presiones para impedir la publicación o matizar las conclusiones

«Finalmente, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha desvelado la realidad indiscutible», declaró la hija del opositor fallecido, Rosa María Payá: «el régimen cubano es una dictadura asesina y el Estado cubano es responsable por el atentado contra mi padre, Oswaldo Payá, y Harold Cepero. Ellos fueron brutalmente asesinados por orden directa de los Castro, simplemente por su incansable búsqueda de la libertad para el pueblo cubano».

La Cidh concluyó su investigación el 19 de diciembre de 2022, pero el documento fue retenido hasta ahora por motivos desconocidos, aunque se sospecha de algunas presiones para impedir la publicación o matizar las conclusiones explosivas del informe. Aunque no es un miembro activo de la organización interamericana, Cuba es signataria de la carta de la OEA y, por ende, debería cumplir con las recomendaciones de su organismo de derechos humanos.

El pasado marzo, un grupo bipartidista de senadores de EE UU entre los que se encontraban los demócratas Dick Durbin y Bob Menéndez, y el republicano Marco Rubio, exigió a la Cidh «acelerar los avances de la investigación sobre el asesinato» de Payá y Cepero, aduciendo que podían realizar su «trabajo crítico» incluso si el Gobierno no cooperaba.

Ante las constantes negativas de las autoridades de la Isla a ofrecer una explicación completa y detallada, la Cidh otorga «fuerza probatoria» a las alegaciones de la familia de Payá y a otros «múltiples elementos de evidencia»: un vehículo de la Seguridad del Estado arremetió contra el carro en que viajaban Payá, Cepero y dos ciudadanos extranjeros, en una carretera de la provincia de Granma.

El reporte de las autoridades culpó al conductor, el joven político español Ángel Carromero, del Partido Popular (conservador), de provocar el choque, y como tal fue juzgado por homicidio involuntario en un tribunal de la Isla. Carromero, obligado a corroborar la hipótesis del régimen frente a las cámaras de Televisión Cubana, explicó, de vuelta en España, que había declarado bajo coacción.

Existe además, señala la Cidh, un testigo ocular externo –de quien se protege la identidad– que aseguró que un automóvil de la Seguridad del Estado impactó el vehículo en que viajaba Payá, una técnica con la cual la policía política había tratado de intimidar anteriormente al opositor. En 2008, su familia denunció que los agentes del régimen habían aflojado las tuercas de las llantas de su carro y que, solo un mes y medio antes de su fallecimiento, un vehículo estatal arremetió contra el suyo. En ambos casos, las autoridades cubanas desoyeron las reclamaciones impuestas.

Resume el informe que los acontecimientos de julio de 2012 constituyen, en primer lugar, una violación flagrante del derecho a la vida, a la libertad, a la seguridad e integridad de la persona, pero que no fueron los únicos derechos irrespetados por el Gobierno cubano durante la vida de Payá y Cepero.

Sistemáticamente y para amedrentar a ambos opositores, la policía política les impidió la libre circulación por el territorio nacional, colocó micrófonos en sus domicilios con el fin de escuchar sus conversaciones, y los sometió a descrédito frente a la opinión pública. Además, toda vez que las organizaciones internacionales –incluyendo la Cidh– solicitaron información detallada sobre el caso, el Estado cubano hizo caso omiso a la petición, lo cual, como señala, tiene consecuencias judiciales.

Tras el deceso de Payá, a los 60 años, a su esposa Ofelia Acevedo y su hija Rosa María Payá no se les dio acceso al informe de la autopsia, derecho que han reclamado en varias ocasiones, y se les impidió asistir al juicio de Ángel Carromero, lo cual también constituye una violación de la regularidad de los procesos judiciales.

Carromero permaneció detenido durante tres meses hasta que fue escuchado por un juez, lo cual, señala la Comisión, significa una violación de la propia legislación cubana. El político español refirió que, durante su arresto, sufrió golpes por parte de los agentes y que, ya en prisión, fue sometido a condiciones inaceptables, falta de alimentación y de atención sanitaria.

Observa también el informe que los familiares de Payá pueden ser considerados «víctimas» de la actuación del Estado, puesto que no solo vieron afectada su integridad psíquica y moral, sino que, tras los hechos, también fueron acosados por la policía política.

La Comisión interpela al Gobierno cubano y reclama una reparación por la muerte de Oswaldo Payá y Harold Cepero, que incluya la compensación económica de sus familiares

Ofelia Acevedo y su hija relataron que, varios días después de la muerte de Payá, se dirigieron en ómnibus a visitar a la familia de Cepero, en Ciego de Ávila, y que en los asientos reservados había un papel con sus nombres. Cuando se cerraron las puertas, «aún faltando viajeros por subir», el vehículo comenzó a dar vueltas alrededor de la terminal «a cierta velocidad, sin ninguna razón aparente». Tanto en La Habana como en Ciego de Ávila, contaron, había agentes de la Seguridad del Estado siguiéndolas.

Después de su análisis, la Comisión interpela al Gobierno cubano y reclama una reparación por la muerte de Oswaldo Payá y Harold Cepero, que incluya la compensación económica de sus familiares, la transparencia de sus explicaciones y la generación de «condiciones de retorno» a la Isla de «todas las personas que como consecuencia de los hechos se hayan visto forzadas a reconstruir sus proyectos de vida en otros lugares, siempre que así lo deseen».

Asimismo, teniendo en cuenta la gravedad de las alegaciones del informe, exige una nueva y más rigurosa investigación por parte de las autoridades cubanas, que se apegue a la verdad en sus resultados, y la adopción de una serie de «mecanismos» para cesar la criminalización de la disidencia en la Isla.

Por su parte, la hija de Oswaldo Payá ha estimado que España y la Unión Europea no pueden hacer menos que la Cidh. «Hace 10 años, las cortes de España apoyaron el pacto de silencio cómplice entre el Gobierno español y la dictadura cubana», dijo Rosa María Payá. «Ahora es oficial y está comprobado el crimen de lesa humanidad cometido contra mi padre y Harold. Es hora de que el Estado español se pronuncie sobre este asesinato y tanto España como la Unión Europea actúen para frenar la impunidad de las constantes atrocidades que sigue perpetrando la dictadura cubana».