por Raúl Fernández Rivero Caracas. Venezuela.
El gobierno no aceptó el informe sobre el incumplimiento del convenio 122 de la Organización Internacional del Trabajo, sobre políticas de empleo que la Comisión de Expertos de la OIT presentó en la 106 Conferencia Internacional del Trabajo reunida en Ginebra, Suiza, entre el 5 y 16 del presente mes. “El jefe de la delegación venezolana, el viceministro del Trabajo, José Ramón Ribero, rechazó el informe en vez de acoger las recomendaciones propuestas para evitar la pérdida de los puestos de trabajo”, dijo Servando Carbone, directivo de la Unión Nacional de Trabajadores.
A juicio del sindicalista, el Ejecutivo quedó muy mal ante la comunidad laboral internacional por segundo año consecutivo: “Hizo caso omiso a las recomendaciones de la OIT para corregir su política económica que durante el gobierno de Nicolás Maduro ha destruido 1,7 millones de empleos: 1,2 millones en la empresa privada y 500.000 en el sector público”.
La Comisión de Expertos de la OIT analizó el sábado el caso de Venezuela para lo cual citó a la representación gubernamental y darle así la oportunidad de que explicara los correctivos adoptados para cumplir con el convenio 122 cuya violación, por parte de los Estados, se considera como una falta muy grave.
El dirigente de la Únete dijo que los argumentos del viceministro Ribero resultaron insuficientes para la Comisión de Expertos, por lo que el texto del informe fue aprobado sin cambios y con las recomendaciones de junio de 2016, especialmente la del envío a Venezuela de una misión técnica de alto nivel de la OIT para constatar in situ el estatus de los progresos realizados en el cumplimiento del convenio 122. Sin embargo, el gobierno de Venezuela debió autorizar el ingreso de la misión en 2016 y no lo hizo, lo que es deplorado por la Comisión en su informe, además de la poca diligencia de las autoridades del trabajo por una política de fomento al empleo productivo, decente, con salario digno y elegido libremente por el trabajador.
El informe, que recoge las quejas introducidas por la Organización Internacional de Empleadores, Fedecámaras y las centrales obreras ASI, CTV, CGT, Codesa y Únete, también lamenta “la ausencia de diálogo social con las organizaciones más representativas de empleadores y trabajadores con el objetivo de aplicar una política activa de empleo”.
Dichas acciones tendrán como objetivo “estimular el crecimiento y el desarrollo económicos, elevar el nivel de vida, satisfacer las necesidades de mano de obra del desempleo y el subempleo”. También insta al gobierno a establecer “inmediatamente un órgano estructurado de diálogo social tripartito en el país y emprender de inmediato acciones para generar un clima de confianza basado en el respeto a las organizaciones de empleadores y trabajadores con miras a promover relaciones profesionales estables y sólidas”.
Para Carbone, el gobierno mostró el martes que no quiere el diálogo inclusivo, pues no invitó a las organizaciones sindicales no oficialistas a una reunión con el director de la OIT, Guy Ryder, en Ginebra. Agregó que esa exclusión motivó la decisión de Fedecámaras de no asistir a la cita además de la constante campaña de descalificación y acusaciones por parte del oficialismo.
El Inces despidió a 500 instructores
El Instituto Nacional de Capacitación y Educación Socialista despidió injustificadamente a 500 instructores con alta preparación técnica y procedió a sustituirlos por funcionarios con algún conocimiento de los oficios que son obligados a laborar fuera de su jornada y sin pago adicional, denunció Carmelo Sánchez, presidente del Sindicato del Inces.
“Las autoridades del Inces imponen a las trabajadoras que sepan de peluquería o confección o los empleados con conocimiento de mecánica y computación que dicten los talleres bajo el argumento de que deben colaborar, pues la institución no tiene dinero”, señaló el sindicalista.
Destacó que el Inces registra récord de recaudación a los patronos de 22 millardos de bolívares, ya que a las empresas les exigen estar solventes con el organismo para acceder a las divisas. Sánchez también denunció que las autoridades del Instituto incumplen 80% de las cláusulas del contrato colectivo vigente.