Por Librado Linares
Una reflexión sobre las anexiones territoriales, la independencia de Cuba y las responsabilidades políticas ocultas tras el relato oficial
La historia de las naciones no puede analizarse mediante discursos selectivos ni mediante memorias parciales. Cuando se juzgan los hechos con criterios distintos según quién los protagoniza, el análisis deja de ser histórico y se convierte en propaganda. Esa es precisamente una de las grandes contradicciones del discurso castrista respecto a la soberanía, el imperialismo y las relaciones internacionales.
China y Rusia poseen largos historiales de expansión territorial, anexiones y dominación sobre pueblos con identidades propias. Sin embargo, esos antecedentes nunca han ocupado un lugar relevante en las denuncias del discurso oficial cubano, pese a que ambos países han sido aliados estratégicos de La Habana durante décadas.
En el caso de China, territorios como el Tíbet, Xinjiang, Mongolia Interior y Manchuria fueron incorporados al Estado chino mediante procesos históricos en los que se combinaron la conquista militar, la imposición política y la absorción administrativa. Aunque algunas de estas regiones conservan el estatus formal de «autónomas», el poder efectivo permanece concentrado en Pekín, mientras continúan las denuncias sobre políticas de asimilación cultural, vigilancia y restricciones a las libertades.
Rusia presenta una trayectoria similar. Desde la expansión zarista hacia Siberia y Asia Central hasta la consolidación territorial de la Unión Soviética, el poder ruso se expandió constantemente sobre pueblos y naciones diversas. Más recientemente, la anexión de Crimea en 2014 y la incorporación unilateral de Donetsk, Lugansk, Jersón y Zaporiyia tras la invasión de Ucrania han reavivado el debate internacional sobre la ocupación y la soberanía territorial.
El contraste con la experiencia cubana de finales del siglo XIX merece atención. En 1898, mediante la Resolución Conjunta del Congreso de los Estados Unidos, se reconoció expresamente el derecho de Cuba a ser libre e independiente. La intervención estadounidense aceleró la derrota del dominio colonial español y abrió una etapa de administración provisional que culminó con la creación de la República de Cuba en 1902.
Durante la ocupación militar norteamericana se impulsaron importantes reformas institucionales, sanitarias, educativas y de infraestructura. Se reorganizaron servicios públicos, se combatieron enfermedades como la fiebre amarilla y se establecieron estructuras administrativas que facilitaron la transición hacia la independencia.
Es cierto que la relación entre Cuba y Estados Unidos no estuvo exenta de condicionamientos. La Enmienda Platt, aprobada en 1901 como requisito para la retirada de las tropas estadounidenses, limitó aspectos importantes de la soberanía cubana y otorgó a Washington facultades de intervención. Sin embargo, también debe recordarse que fue aceptada como una disposición de carácter transitorio por una amplia mayoría de la emergente sociedad política y civil surgida de las guerras de independencia, incluyendo a numerosos veteranos mambises y figuras relevantes del independentismo cubano. Muchos consideraron que aquel sacrificio temporal era el precio necesario para asegurar el nacimiento de la República y la retirada definitiva de España.
Tampoco puede ignorarse que la Enmienda Platt no fue permanente. En 1934, bajo la Política del Buen Vecino impulsada por Franklin D. Roosevelt, fue derogada. Treinta y dos años después de instaurada desapareció el principal instrumento jurídico que limitaba la soberanía cubana, reafirmándose formalmente la independencia de la República.
La diferencia fundamental es evidente. Estados Unidos intervino en Cuba, ejerció tutela sobre ella e impuso condiciones discutibles, pero nunca la anexó a su territorio. Por el contrario, China y Rusia mantienen hasta hoy el control sobre territorios cuya incorporación sigue siendo objeto de controversias históricas, políticas y culturales.
Resulta igualmente importante recordar que la amplia coalición que se opuso a Batista integraba corrientes muy diversas: liberales, demócratas, socialdemócratas, nacionalistas y sectores cristianos. Muchos de ellos coincidían en la necesidad de restaurar el orden constitucional quebrantado en 1952 y recuperar los principios de la Constitución de 1940.
Sin embargo, una vez en el poder, el liderazgo fidelista se apartó progresivamente de buena parte de aquellos compromisos. El pluralismo político desapareció y el poder terminó concentrándose en una sola persona y organización, ese giro convertía a la isla en un problema estratégico para Estados Unidos. Resultaba perfectamente previsible que Washington reaccionara con hostilidad ante la consolidación de un régimen marxista-leninista a apenas noventa millas de sus costas. Los dirigentes revolucionarios no podían ignorar esa realidad.
La posterior escalada del conflicto no surgió de la nada. La confiscación de propiedades estadounidenses, el acercamiento político y militar a la Unión Soviética y la promoción activa de movimientos procomunistas en América Latina fueron percibidos en Washington como desafíos directos a sus intereses de seguridad. La respuesta estadounidense, incluyendo el respaldo a la Brigada 2506, la invasión de Bahía de Cochinos, la Operación Mangosta y otras acciones encubiertas, debe entenderse dentro de la lógica de confrontación propia de la Guerra Fría.
Los dirigentes cubanos difícilmente podían ignorar que esas decisiones provocarían una reacción cada vez más intensa por parte de Estados Unidos. Por ello, si el castrismo pretende analizar con honestidad ese período histórico, debe reconocer que la responsabilidad primordial por la escalada de la confrontación recae en las decisiones adoptadas por la propia dirigencia revolucionaria. Quien modifica radicalmente las reglas políticas internas, expropia intereses extranjeros, se alinea con una potencia rival y promueve activamente la expansión de su modelo ideológico más allá de sus fronteras, no puede luego alegar sorpresa ante las consecuencias previsibles de sus actos.
La credibilidad histórica exige asumir la responsabilidad por las decisiones tomadas y por los efectos que estas produjeron sobre la nación.
Al mismo tiempo, el cierre de los espacios cívicos y democráticos dentro de Cuba agravó el conflicto. Como recuerda el Preámbulo de la Declaración Universal de Derechos Humanos, los derechos humanos deben estar protegidos por un régimen de derecho para que el ser humano no se vea compelido al supremo recurso de la rebelión contra la tiranía y la opresión. Cuando desaparecen las vías pacíficas para participar, discrepar y producir cambios políticos, las tensiones terminan trasladándose a escenarios cada vez más conflictivos.
Tragedias como el derribo del vuelo 455 de Cubana de Aviación, que costó la vida a 73 personas, son moralmente injustificables y profundamente lamentables. También reflejan hasta qué punto la confrontación había alcanzado niveles extremos, convirtiendo a Cuba en uno de los escenarios más sensibles de la rivalidad global entre Washington y Moscú.
Buena parte de ese drama pudo haberse evitado si el nuevo poder revolucionario hubiera respetado el pluralismo político y los compromisos democráticos que movilizaron a amplios sectores de la nación durante la lucha contra Batista. La instauración de un sistema de partido único, la subordinación de las libertades civiles a la ideología oficial y la alineación estratégica con el bloque soviético no eran un desenlace inevitable.
La historia demuestra que las naciones y sus dirigentes deben ser juzgados no sólo por sus discursos, sino también por sus actos y por la capacidad de asumir las consecuencias de estos. Mientras el castrismo continúa atribuyendo los problemas fundamentales de Cuba casi exclusivamente a factores externos, evita examinar críticamente las decisiones que llevaron al país a una confrontación permanente con Estados Unidos cuyos efectos continúan proyectándose hasta nuestros días.
Reconocer esa responsabilidad no significa absolver a otros actores de sus errores. Significa comprender que la primera condición para un análisis histórico serio es admitir que muchas de las tragedias cubanas no fueron inevitables, sino el resultado de decisiones políticas concretas tomadas por quienes detentaban el poder.
La Enmienda Platt fue derogada y Cuba conservó su independencia. China mantiene bajo su control territorios como el Tíbet, Xinjiang y Mongolia Interior. Rusia continúa ocupando y reclamando territorios ucranianos. Sin embargo, el discurso oficial cubano sigue concentrando sus críticas exclusivamente en Estados Unidos mientras guarda un notorio silencio ante las prácticas de sus aliados estratégicos. Esa contradicción revela un doble rasero difícil de sostener desde una perspectiva histórica objetiva.
El verdadero respeto a la soberanía nacional comienza por reconocer la propia responsabilidad histórica antes de señalar la de los demás. Sólo a partir de ese ejercicio de honestidad intelectual es posible comprender el pasado sin mitos, evaluar los hechos con el mismo rasero para todos los actores y construir una visión más equilibrada de la historia de Cuba.