POR OBSERVATORIO CUBANO DE AUDITORÍA CIUDADANA (OCAC) | 12/29/25
Resumen Ejecutivo
La evidencia expuesta a lo largo de este informe permite afirmar, sin ambigüedades, que el colapso del sistema sanitario cubano no obedece a un destino inevitable ni a factores externos, contingencias epidemiológicas excepcionales o eventos climáticos adversos. Es, por el contrario, la consecuencia directa de decisiones políticas nacionales sostenidas en el tiempo, que han desmantelado progresivamente las capacidades esenciales del Estado para proteger la salud y la vida de su población.
El colapso del sistema de salud, la inseguridad alimentaria estructural, la degradación ambiental, la opacidad estadística para ocultar la magnitud de la catástrofe humanitaria y la priorización de intereses económicos de una elite por encima del bienestar humano básico de la población, configuran un escenario de daño evitable, conocido y persistente.
La evidencia muestra un incumplimiento sistemático de esa responsabilidad de protección de la población. Del estado populista asistencialista se transitó en el siglo XXI al estado extractivo oligárquico. Desde entonces, el Estado cubano, totalitario y oligárquico, no solo ha sido incapaz de garantizar el derecho a la salud, la alimentación y un entorno sano, sino que ha cesado de interesarse por cumplir ese principio. Ha mantenido deliberadamente un modelo que reproduce la vulnerabilidad: desinversión crónica en salud pública, exportación masiva de personal médico, abandono de la infraestructura sanitaria y ambiental, y manipulación de la información epidemiológica para minimizar el costo político del desastre.
La actual sindemia de arbovirosis —es decir, la concurrencia y potenciación simultánea de varias enfermedades transmitidas por mosquitos, como el dengue, el zika o el chikungunya, en un contexto de deterioro social y sanitario—, con su carga de muertes evitables, discapacidades y sufrimiento social, constituye la expresión más visible y contundente de ese fracaso.
La negativa a reconocer la magnitud real de la crisis y a permitir mecanismos independientes de evaluación y cooperación refuerza la dimensión política del daño. Se ha reconocido que al menos el 30% de la población (unos 3 millones de cubanos en una población de 9.7) han enfermado. Esta auditoria ciudadana ha estimado las defunciones basadas en esos datos oficiales, así como en parámetros internacionales. El resultado de ese cálculo, usando premisas de moderadas, arroja que la cifra de defunciones alcanzaría como mínimo 8,700 fallecidos. Eso muestra que el estado ha mentido nuevamente (ya lo hizo con la epidemia de Covid) al afirmar que solo han ocurrido 47 defunciones hasta mediados de diciembre. La realidad sería, como mínimo, 185 veces mayor.
La responsabilidad del estado hacia la protección de la población no se limita a evitar la violencia directa, incluye también la obligación de no someter a la población a condiciones estructurales que destruyen de forma deliberada y progresiva la vida, la salud y la dignidad humana. Mantener a millones de personas en un estado de malnutrición, indefensión sanitaria y exposición a riesgos epidemiológicos constituye, en sí mismo, una brutal forma de violencia estructural ejercida desde el poder.
Enlace al informe completo:
Cuba Siglo 21