La política laboral del régimen ha permanecido bajo vigilancia permanente por la OIT a lo largo del siglo XXI, tanto que nuestro país ha recibido la visita en mas de 15 ocasiones mediante la asistencia de misiones de todo género: de consulta técnica, contacto directo, Alto Nivel, siendo la más prominente la actual Comisión de Encuesta aprobada desde 2018.
Este organismo tripartito global ha intentado conducir a esta Administración al cumplimiento de los convenios, mediante el diálogo social cuyo significado es la negociación, consulta e intercambio de información entre representantes de gobiernos, empleadores y trabajadores sobre temas económicos y sociales, orientados a lograr el trabajo decente, la justicia social, la paz y el desarrollo sostenible, fomentando el consenso y la participación democrática en la toma de decisiones.
En realidad, todo este esfuerzo ha sido en vano tanto bajo la presidencia de Hugo Chávez como la de Nicolás Maduro, quienes no escatimaron oportunidades para burlarse, descalificar al organismo mundial, con el objetivo de evadir durante sus gestiones la aplicación de los convenios firmados otrora por el estado venezolano, a lo largo de un siglo al ser miembro fundador de la OIT en 1919.
Por tanto, podemos afirmar por lo acontecido durante el siglo XXI en materia laboral que “tanto va el cántaro a la fuente que al final se rompe”, hasta determinar al Consejo de Administración aprobar la creación de la Comisión de Encuesta para Venezuela en marzo de 2018, por iniciativa de Fedecámaras y luego apoyada por las centrales sindicales venezolanas. La mencionada Comisión emitió su histórico informe y recomendaciones en septiembre de 2019 sobre las graves violaciones laborales y sindicales en el país, teniendo como respuesta gubernamental de nuevo la negativa a cumplir tales recomendaciones.
Implementadas con retraso por la pandemia a partir de 2022 con la instalación del Foro Social, cuyas 4 asambleas integradas por representantes empresariales, sindicales, de la OIT y del gobierno se efectuaron durante el periodo 2022-2025, ratificando la actitud sarcástica de un régimen para evadir aplicar las propuestas en torno a revisión de salario, negociación colectiva, libertad sindical y consulta tripartita.
En ese contexto, asoma el año 2026 conociendo la permanencia de ejecutorias antilaborales como la resolución 2792, el Instructivo ONAPRE, el salario mínimo y pensiones mantenidos durante 4 años, cuyo monto actual es de 0,4 $ mensuales, con un agregado entre tantas tropelías contra la libertad sindical, de radicalizar y extender la política de terror aplicada a la población, ahora a los sindicalistas con la detención ilegal de una veintena de compañeros hoy desaparecidos al desconocerse sus centros de reclusión.
Por ello es sorprendente la reciente comunicación del 13/01/2026 del Ministro del Trabajo Germán Piñate y la Viceministra Rosalía Zingales convocando a la “sesión del Grupo Consultivo para la consulta del salario mínimo correspondiente al año 2026” a fin de dar cumplimiento al artículo 129 del DLOTTT y al Convenio 26 sobre el salario mínimo y de paso incluir de contrabando “la defensa de Nicolás Maduro y Cilia Flores” “ante la agresión imperialista”, «cuyas acciones buscan desestabilizar el bienestar de la clase obrera”.
Ahora bien, en el texto de invitación se incluye el contrabando ideológico y se reclama la solidaridad incondicional con dos reos acusados hoy en una cárcel de Nueva York, quienes disfrutarán de beneficios procesales, entre tanto el ministro de marras convoca como si estuviéramos en el paraíso terrenal, a una sesión de trabajo aun cuando se encuentran mas de una veintena de sindicalistas presos, sin conocimiento de cuales delitos cometieron, ni de su condición de vida, ni donde se encuentran.
Pues bien, en esta condición de indefensión se encuentran los siguientes compañeros de sindicatos y gremios: Quienes protestaron por salario mínimo, convenciones colectivas y en defensa de sus agremiados, padecen la represión gubernamental por asumir la agenda laboral de sus respectivas organizaciones:
1.- José Elías Torres, Secretario General de la CTV
2.- Willian Lizardo, Presidente de Fetraconstruccion
3.- Roberto Franco, Secretario General del Colegio de Profesores de Venezuela
4.- Omar Escalante, Presidente de Fetracarabobo
5.- Javier Tarazona, Secretario ejecutivo del colegio de Licenciados del Estado Táchira.
6.- Daniel Romero, Directivo del sindicato de SUTISS-SIDOR
7.- Regulo Reina dirigente del sector petrolero
8.- Eduardo Torres, APUFAT y abogado de PROVEA
9.- Lourdes Villareal, Sindicato SUMA
10.- Carlos Alberto Gómez, presidente del SUMA Mérida.
11.- Yuri Salas Moreno, Secretario Ejecutivo del SUNEP-Miranda
12.- Marwin González, Presidente de AJUNJENPOL Estado Bolívar
13.- Fernando Serrano, directivo de SUTRALUM-VENALUM
14.- Fidel Brito, Presidente de FETRABOLIVAR
15.- Omar Vazquez Lagonel, Vicepresidente de FENAJUPV
18.- Roberto Campero, directivo de SINTRAENSEÑANZA, Estado Aragua
19.- Nelson Torrealba, Sintraenseñanza.
20.- Arnaldo Méndez, Coalición Sindical Sector Salud
21.- José Luis Subero, Sindicato de la Salud, Estado Sucre
22.- Gilberto Alcalá, Sindicato de la Construcción Caracas
23.- Esmir Amaro Gudiño, sindicato SUTICEL.
¿Que pretende el MINTRA con esta convocatoria? Presentar ante el mundo una imagen de “paz laboral” y de “diálogo social” ante el país y la comunidad internacional, eludiendo la responsabilidad de ser el culpable directo de la pobreza y la ruina de la población venezolana, originada en su salvaje política de flexibilización laboral, de suspensión de la contratación colectiva y de persecución permanente a la libertad sindical.
Por tanto, la exigencia de libertad plena de todos los directivos sindicales en el pais, debe ser la condición expresa para activar los acuerdos del Foro Social, entre ellos prevalece el tema del salario mínimo, la activación de las convenciones colectivas de los sectores público y privado y la libertad de reconstruir libremente sus sindicatos y gremios.
Este planteamiento está directamente vinculado a la liberación de todos los presos políticos, injustamente encarcelados por manifestar sus deseos de vivir en democracia como lo indica la institucionalidad de nuestra Constitución y la plena vigencia del estado de derecho.
Froilán Barrios Nieves
Movimiento Laborista