Ríos de sangre y dolor es el precio que el pueblo venezolano está pagando por la indetenible ola de violencia que azota la inmensa geografía del país. Las páginas de sucesos de los diarios y los espacios de los noticieros resultan insuficientes para reseñar la rutina del horror que día a día enluta centenares de hogares y esto no es fenómeno exclusivo de las grandes ciudades; zonas rurales y pequeñas poblaciones consideradas tradicionalmente espacios tranquilos también son testigos cada vez más frecuentes de hechos de sangre en oportunidades más horrendos que los escenificados en las áreas urbanas consideradas como peligrosas de larga data.

Los Anuarios de Mortalidad del Ministerio del Poder Popular para la Salud de Venezuela (1) arrojan cifras elocuentes de la magnitud del problema, para el año 1996 se produjeron en el país 3,329 homicidios y estos constituyeron el 3,3% de todas las causas de muerte, para 2006 (últimas cifras disponibles) la cantidad había ascendido a 8,805 y como causa constituyó el 7,27% del total ; la cifra se había multiplicado en más de dos veces y media y por supuesto no había ocurrido un aumento poblacional que pudiera al menos explicar tal incremento.

El Estado Anzoátegui (2) no ha escapado a esta triste realidad, en 1996 se reportaron en esta entidad federal 94 homicidios, para 2006 la cifra había ascendido a 803, el incremento resultó en unas 8,5 veces, uno de los peores desempeños a nivel nacional y las autoridades se muestran incapaces de detener esta ascendente ola de violencia. La última víctima, ocurrida mientras redactaba estas líneas ha sido un niño de 13 años, regresaba de la escuela a su casa cuando fue alcanzado por el fuego cruzado de bandas mafiosas rivales que ajustaban cuentas en plena vía pública.

Sin dudas una sociedad que exhibe tan trágicas estadísticas presupone una aguda pérdida de valores morales y éticos en amplias capas de población y un serio deterioro del tejido social en su conjunto, pero aunque esta sea la raíz del fenómeno, muchos otros factores de muy diversa índole también se encuentran íntimamente ligados.

Según el abogado Miguel Cabello, con más de 30 años dedicado a la promoción y defensa de los Derechos Humanos en Anzoátegui, este deterioro social también se materializa al interior de las instituciones policiales Municipales y Estadales en donde por ser más frágiles la disciplina y los mecanismos de control se evidencia un aumento preocupante de la criminalidad por parte de elementos o agentes pertenecientes a estos cuerpos donde hay grupos que se han convertido en la práctica en “escuadrones de la muerte”; cada día vemos un número creciente de funcionarios policiales siendo enjuiciados por su participación en robos, secuestros, extorsión, drogas y homicidios, y lógicamente aseveraciones de este calibre de inmediato conducen a múltiples interrogantes:

Dr. LLaca: ¿Pero el deterioro acaba aquí, en las instituciones policiales o hay otros factores que inciden en el alza de la criminalidad?

Dr. M. Cabello: La impunidad judicial es también uno de los factores importantes en el alza de la actividad delictiva. El sistema judicial y penal venezolano abandonó su función sancionatoria y correctiva especialmente cuando de agentes policiales imputados se trata y la impunidad se genera de diferentes maneras: 1ro) Lentitud procesal, y conocemos de casos cuyos juicios han tardado más de 10 años sin conclusión, 2do.) Sentencias de primera instancia que fácilmente van a ser revocadas en las cortes de apelación, 3ro.) “Omisiones” (conducta de “no hacer”) especialmente por parte de los Jueces de Control en el sentido de no garantizar la realización de las audiencias orales con la imparcialidad y garantías debidas, que se puedan expresar las sentencias de conformidad con la tutela judicial efectiva. El sistema garantista que tenemos por parte del Código Orgánico Procesal Penal y de la propia Constitución da lugar a las terribles consecuencias que estamos viendo en el sentido de que funcionarios policiales se creen en el derecho de hacer justicia por su propia mano y salir a matar delincuentes o a quienes ellos consideren delincuentes violentándose las normativas del debido proceso y la presunción de inocencia, es decir, se crea una realidad atroz como producto de esa impunidad judicial, por ejemplo en la ciudad de El Tigre tenemos los casos de César Antonio Bellaville, ultimado el 7 de Feb de 1995 y hasta la fecha, 13 años después, no se ha realizado la audiencia oral; el doble homicidio del sector Cincuentenario, donde fueron ultimados por efectivos de POLISIR (Policía del Municipio Simón Rodríguez) dos jóvenes estudiantes de liceo, Miguel Ángel Matos Idrogo (20 años) y Annel Luis Martínez Yaguarán (18 años) el 5 de Enero de 2001, siete años después todavía no hay juicio; el triple homicidio también en el sector Cincuentenario donde fallecen una adolescente de 13 años, Yavidilé Pláceres Borges; un bachiller, Wilmer Villarroel y un estudiante universitario, Rafael Leonardo Moreno el 11 de Marzo de 2001, y aquí tampoco hemos tenido juicio, en fin que se termina dándole largas a los juicios y esto es una forma encubierta de impunidad judicial que termina originando más violencia porque no solo el agente policial tiene la posibilidad de evadir la justicia con esta lentitud en los procesos sino que también algunos delincuentes de peso o engranados con bandas organizadas terminan contando con el espaldarazo de un sistema judicial que no los va a tocar.

Dr. LLaca: ¿Y los “peajes”, el “pago de vacunas”, cómo se insertan en todo esto?

Dr. M. Cabello : Hay tres tipos de “peajes”: cuando un delincuente es detenido en flagrancia o porque era buscado en cumplimiento de una orden de aprehensión dictada por un tribunal con mucha frecuencia se da el hecho de que el delincuente o presunto delincuente le paga a la autoridad policial para ser liberado en el momento y poder seguir cometiendo sus fechorías, esto origina una complicidad entre los funcionarios y el delincuente que a la larga crea nexos estructurales de los agentes policiales con la red delincuencial; esto le permite al policía aumentar sus ingresos económicos y utilizar a los maleantes para mandarlos a robar a sitios de su interés o a dañar o matar a personas que se quiere quitar de en medio, mientras, el delincuente se siente protegido en su accionar por elementos de las autoridades, este es el primer peaje que no es tampoco asunto exclusivo de Venezuela, es un accionar bastante común en América Latina y el mundo; el segundo escalón lo constituye la Policía Judicial o de Investigaciones, ahora llamada Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, allí ciertos funcionarios se encargan de cobrar por “acomodarle los expedientes a los criminales” mediante la desaparición u omisión de pruebas o evidencias incriminatorias y esto también es una forma de penetración del hampa dentro de la estructura de los órganos policiales, por supuesto el “peaje” o “vacuna” cursa con una estratificación de montos dependiendo de quién sea el delincuente, la gravedad del delito, la policía actuante, etc.

Dr. LLaca: ¿Y este esquema se repite también en los órganos de Justicia?

Dr. M. Cabello: Eso ha estado pasando en el Ministerio Público (Fiscalía), muchos fiscales han sido echados de la Institución de investigación penal porque se les ha comprobado o ha habido denuncias serias en su contra (3). En los casos en que las Policías han actuado honestamente o no hubo forma de cerrar una negociación con los delincuentes entonces al pasar el caso a Fiscalía se repiten las “negociaciones” en este espacio y los funcionarios pudieran hacer algunas actuaciones que comporten una caída de la acusación o ciertos beneficios para el acusado; por último se pudiera repetir este proceso de “peaje” con los Jueces de Control quienes perfectamente, dependiendo del delito, van a dar medidas cautelares (beneficio de libertad) incluso en casos en los cuales estas no proceden y cito un ejemplo, el caso de Franklin Maita, asesinado en San Joaquín, Edo. Anzoátegui el 21 de Abril de 2001 en el cual la fiscal, por cierto ya destituida, solicitó una medida cautelar al homicida quien por demás también había herido gravemente a otras tres personas, el Juez de Control que pudo haber regulado la petición fiscal terminó concediendo la medida de libertad y en fin, se dan estos hechos dantescos en la administración de Justicia. Por último, suponiendo que policías, fiscales y jueces actúen correctamente con apego a la Ley y el delincuente sea enviado a prisión entonces el fenómeno se repite en las Penitenciarías en las cuales, previo pago, pudiera obtener beneficios dentro del penal o entrar a formar parte de la organización delincuencial que controla ese penal, pero ese es otro mundo aparte, con una situación verdaderamente lamentable donde la Ley es una gran ausente , los derechos no se respetan ni los deberes se cumplen, que lejos de favorecer la solución correcta al problema de la criminalidad en nuestro país lo hacen más complejo, más complicado. Hay que decir que la delincuencia ha penetrado todas las instancias del Estado venezolano, sin excepciones.

Dr. LLaca: El impacto social de esta realidad ha de ser entonces muy negativo….

Dr. M. Cabello : Sí, porque los criminales organizados han comprado una “patente de corso” ya no para robar, asaltar o secuestrar sino para quitarle la vida a quienes ellos consideren que tengan que quitársela sembrando una violencia en la que en oportunidades confluyen el terrorismo de las bandas organizadas con el terrorismo de algunos cuerpos policiales aplicándose una política de exterminio, y esto se está ejecutando en nuestro caso concreto en la ciudad de El Tigre mediante una figura que se ha consolidado que es la de las ejecuciones extrajudiciales por parte de los cuerpos de seguridad en general que están acantonados aquí, nacionales, estadales y municipal, pero muy especialmente por la Policía Municipal que tiene en su haber alrededor de 100 ejecuciones disfrazadas de presuntos enfrentamientos con delincuentes en el período que va del año 2000 hasta Junio de 2007; pero paradójicamente existe una “indiferencia social” y este sería otro elemento en el aumento de la criminalidad; la sociedad anda “por su lado”, en sus propios intereses, muchos sectores se encuentran ajenos a esta problemática hasta que son víctimas directas por el impacto de un secuestro, un robo, una violación o un homicidio, la gente no reacciona y esta indiferencia de la sociedad y la impunidad son a mi juicio factores importantísimos en el alza de la criminalidad, si a esto sumamos el deterioro de la familia, la pérdida de valores y principios éticos y morales y el ambiente circundante plagado de drogas y armas de todo tipo (de origen incierto e ilícita circulación, introducidas al país por delincuentes organizados y delincuentes uniformados) principalmente entre los jóvenes entonces Venezuela puede terminar convertida en una gigantesca fábrica de delincuentes.

Dr. LLaca: ¿En el ámbito cultural, hay cambios en los patrones o modelos, especialmente dentro de la juventud?

Dr. M. Cabello: Creo que también estamos frente a un proceso de desnacionalización cultural, cada día queremos parecernos más a personajes que conocemos a través del cine, la TV u otros “enlatados” seudo-culturales, y hay quienes imitan y se comportan como los personajes violentos de la cinematografía mundial, da la sensación de que a algunos jóvenes les resulta mucho más fácil copiar los ejemplos negativos que los positivos y cuando hacemos esta concurrencia de factores resulta evidente que la niñez y la juventud están recibiendo un mensaje muy perjudicial; en un futuro ellos se convertirán en victimarios de la sociedad que los vio nacer y no supo brindarles las atenciones adecuadas a tiempo para formarlos como ciudadanos honestos.

Dr. LLaca : Quizás un reflejo de esto sean el alto nivel de crueldad, depravación y salvajismo con que se han producido algunos sonados crímenes recientes en nuestra ciudad, donde hemos conocido de decapitaciones, exhumación de cadáveres en el cementerio local para rociarlos con gasolina y cremarlos, el asesinato de altos jefes policiales…..

Dr. Cabello: estos “sonados casos” han ocurrido en el Retén de la Policía del Estado Anzoátegui, donde en fecha 22 de Junio de 2007 en el transcurso de un enfrentamiento entre bandas rivales resultaron decapitados tres internos pero además uno de estos internos fue quemado vivo; meses más tarde el hecho se repitió en el mismo centro resultando en esta oportunidad decapitado un interno a los pocos minutos de su ingreso en el Retén; más recientemente dos hermanos que habían sido asesinados por bandas criminales fueron desenterrados y sus cadáveres cremados como una extensión de la venganza, y hasta el Comisario Jefe de la Policía del Municipio Simón Rodríguez fue asesinado en plena vía pública hace solo poco más de un mes y resulta terrible que estos hechos en numerosas ocasiones son fotografiados y/o filmados con las cámaras insertadas en los teléfonos celulares, a las pocas horas las imágenes ya están circulando por las diferentes redes de comunicación y cualquiera puede acceder a ellas, esto habla de lo enferma y dañada que está una parte de la población venezolana. Desde hace algunos días han aparecido afiches promovidos por la Alcaldía ofreciendo recompensas por la captura de delincuentes, un hecho inédito en la ciudad. Es altamente peligrosa la situación que estamos viviendo.

Dr. LLaca: ¿Y qué solución habría para este trágico estado de cosas?

Dr. M. Cabello: Si tenemos tres elementos que hacen posible la existencia de nuestro estado: el territorio, las instituciones y la ciudadanía creo que lo primordial en trabajar sería la educación y formación de nuestra población en sólidos principios y valores morales, en fin rescatar el tejido social; no hacemos nada con depurar a los funcionarios o las policías cuando finalmente la estructura se encuentra tan corrompida, necesitamos una nueva sociedad que nos preserve la vida a todos, que respete los bienes de todos, donde haya respeto entre todos y creo que por ahí debe ir el camino, por la educación. Resulta muy difícil cambiar por completo a una sociedad, pero si pensamos que con cambios de uniformes, insignias, consignas e instructores policiales vengan estos de Nicaragua, de Cuba (4) o de cualquier otro país vamos a resolver el problema seguiremos de fracaso en fracaso, aquí se han cambiado las leyes, los jueces, los fiscales, los policías y las cosas van de mal en peor y esto debe llamarnos la atención acerca de en dónde estamos fallando….

Dr. LLaca: ¿Entonces hasta el momento solo se han ofrecido soluciones coyunturales a problemas estructurales de la sociedad venezolana?

Dr. Cabello: Eso es correcto, incluso se han ofrecido soluciones solo como formalidades, con marcado tinte político y este problema que estamos enfrentando es muchísimo más serio. Según cifras de PROVEA (5) (Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos), que no coinciden con las cifras forenses oficiales, hemos cerrado el año 2006 con más de 12,000 homicidios, 2007 con más de 14,000, cifras in crescendo, esto nos habla de que en los 9 años de gobierno del Presidente Chávez estamos cerca de los 90,000 mil homicidios lo cual es altamente preocupante y donde las ejecuciones extrajudiciales ocupan importante lugar, que en cifras de la Fiscalía a nivel nacional pasan de 6,000 casos en el periodo 2000-2007, (6) con muchísimos agentes de seguridad del Estado involucrados. Es urgente que las personas sensatas, los profesionales del Derecho, sociólogos, criminólogos, las autoridades policiales y políticos honestos nos sentemos a reflexionar, a pensar seriamente y tomar acciones para construir soluciones posibles, viables y perdurables en el tiempo porque si no esta realidad nos va a liquidar a todos.

Dr. LLaca: Y en lo personal espero que este trabajo, reflejo de la realidad que vivimos y muy distante de exageraciones sirva al menos para reavivar la conciencia de la ciudadanía acerca de la magnitud del problema que enfrentamos todos, no podemos seguir despertando cada mañana con la pregunta: ¿QUIÉN SERÁ LA PRÓXIMA VÍCTIMA?

Fdo: Dr. Antonio LLaca
Desde la ciudad de El Tigre, Edo. Anzoátegui, Venezuela.
Mayo/2008.

PS.: Mi agradecimiento al Sr. Juan Guatache (reportero), Sra. Omaira Ramos (redactora) y Sr. Eliézer Mota (fotografía) por la valiosa colaboración prestada para la realización de este trabajo.