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Consejo Unitario de Trabajadores Cubanos (CUTC)
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La represión contra los firmantes del Proyecto Varela
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.LA HABANA, 30 de noviembre (Oswaldo Payá y Miguel Saludes) - Los gestores del Proyecto Varela estamos haciendo público un informe parcial que recoge los principales hechos represivos desatados por el Departamento de la Seguridad del Estado (DSE), el Partido Comunista de Cuba y algunos funcionarios del Ministerio de Justicia y de las Asambleas Municipales del Poder Popular.
Estos hechos se han venido produciendo desde el comienzo de la campaña de recogidas de firmas necesarias para la presentación del Proyecto Varela en la Asamblea Nacional del Poder Popular, pero la incidencia mayor de la represión se hace sentir desde junio a la fecha.
El informe recoge los nombres de los gestores y firmantes del Proyecto Varela que han sido detenidos, citados, interrogados e intimidados por la policía política, todo ello para impedir que continúe el proceso legal de recogida de firmas.
Dentro de la campaña del Proyecto Varela se han entregado en las sedes de más de cincuenta Asambleas Municipales del Poder Popular, cartas dirigidas a los diputados que representan a los correspondientes municipios. Mediante esta carta varios ciudadanos electores han dado a conocer a sus diputados este proyecto cívico y las peticiones que dentro del mismo se hacen. También ha tenido como fin pedir a los mismos diputados que lo presenten en la próxima sesión plenaria de la Asamblea Nacional y que observen cualquier irregularidad que pueda ser dirigida contra los gestores y firmantes del proyecto por agentes o autoridades policiales.
Entre los diputados a los que se les ha enviado esta petición, esta carta, entregada en 50 municipios de todo el país por más de dos mil 500 electores, se encuentran el propio presidente del Consejo de Estado, Fidel Castro Ruz; el presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular, Ricardo Alarcón de Quesada; el vicepresidente del Consejo de Estado, Carlos Lage Dávila; el ministro del Interior, Abelardo Colomé Ibarra, y otros 260, lo que significa más de un tercio del total.
Ninguno de estos diputados ha respondido a sus electores, violando así lo establecido por los artículos 63 y 84 de la Constitución vigente en Cuba. No obstante, el informe de los gestores del Proyecto Varela presenta el testimonio de un alto número de firmantes de estas cartas que han sido citados, interrogados y amenazados para que declaren falsamente que sus firmas han sido fruto de promesas de pago en dinero o para obtener facilidades migratorias. Todos sin exclusión han sido conminados a abandonar el proceso de recogida de firmas. También muchos firmantes y colaboradores del Proyecto Varela han sido chantajeados con amenazas de perder sus trabajos, ser suspendidas las licencias en el caso que sean cuentapropistas o de suspender los permisos de salida del país a los casos que la han solicitado, de continuar enfrascados en este proceso.
En el informe se hace referencia a los casos más graves, como los de amenaza de muerte, detenciones, confiscación de boletas firmadas y registros en domicilios y a personas con vistas a incautar las boletas. Se recoge igualmente las respuestas de los ciudadanos afectados por estas acciones, quienes han escrito denuncias a las instancias de fiscalías municipales y nacional, a la Asamblea Nacional del Poder Popular y al Consejo de Estado apelando a los máximos representantes de esas instancias especialmente a los señores Fidel Castro Ruz, presidente del gobierno, y Ricardo Alarcón de Quesada, presidente de la Asamblea nacional del Poder Popular.
La respuesta a estas demandas ha sido el silencio o el aumento de la represión y, en casos excepcionales, una lacónica respuesta de tramitación del caso a las autoridades que han cometido estas infracciones, o sea al Ministerio del Interior.
Todas estas acciones han tenido como objetivo frustrar la gestión de recogida de firmas, desalentar a los ciudadanos que se lo han propuesto y evitar que se lleve a cabo el objetivo fundamental de esta idea cívica.
Además, se han detectado personas que han presentado boletas con datos falsos a los gestores con el evidente fin de sabotear esta campaña legal. Los nombres de estas personas serán denunciados públicamente. Aclaramos que en diversas ocasiones agentes de la Seguridad del Estado amenazaron con realizar estos actos ilegales y con no permitir que se recojan las firmas.
Denunciamos esta guerra sucia del gobierno y sus instrumentos de represión contra los ciudadanos y contra la propia Constitución.
Llamamos la atención de la opinión pública sobre las condiciones de total persecución en que realizamos esta campaña legal.
Es evidente que el gobierno quiere evitar a toda costa que se recojan las firmas y que se presenten. Por eso emplea métodos propios del gangsterismo.
El gobierno quiere impedir que los cubanos que vencen el miedo y se abren a la solidaridad con su propio pueblo den este paso liberador. Porque es con este paso con el que comienzan los cambios que Cuba necesita y que el pueblo quiere.
A pesar de estos obstáculos se mantiene en los gestores del Proyecto Varela el firme propósito de recoger las diez mil firmas estipuladas en el artículo 88 inciso g) de la Constitución para presentar demandas de los ciudadanos a la asamblea legislativa y finalmente poder presentar esta petición por un cambio cívico y pacífico en Cuba.