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A Hugo Chávez le está pasando como a la Cucarachita Martina, que “cayó
en la olla por la golosina de la cebolla”. Como todo buen dictador
quiere controlar y mandar en todo.
Como dueño y señor confisca para acabar con la “nociva propiedad privada”,
para distribuir entre la gente. Pero Robin Hood no era un caudillo
latinoamericano ni estableció un ineficiente Estado, asentado en la
corrupción venezolana y la incompetente burocracia cubana. El caos
económico, político y social, resultado de 51 años de voluntarismo no
basta al totalitarismo isleño, es exportado a Venezuela, para agudizar
la crisis del financista incondicional que lo mantiene.
Un gran escándalo por los cientos de miles de toneladas de alimentos
putrefactos diseminados por el territorio venezolano parece vinculado a
la “colaboración” de directivos cubanos. Según las informaciones,
Bárbara Castillo Cuesta, pasó de ministra de Comercio Interior –regidora
del magro racionamiento con 48 años de longevidad, y vitalidad de un
anciano centenario - a secretaria ejecutiva del Centro Nacional de
Balance de Alimentos (CENBAL), a cargo de la importación y distribución
de alimentos en Venezuela. Los asesores cubanos determinan los productos
que compra el gobierno venezolano en el exterior mediante “Bariven” y se
comercializan por la red de mercados “PDVAL”, ambas filiales de
Petróleos de Venezuela (PDVSA); mientras deben haberse descargado en los
puertos por la empresa cubano-venezolana “Boli-Puertos”.
Como se recordará, el Presidente ha confiscado tiendas, almacenes,
puertos, equipos, transporte y nombrado directivos, que recuerdan a los
“interventores” de la década de 1960 en Cuba, con escasos o nulos
conocimientos y experiencias en las dirección y administración de las
entidades. Por el Caribe no hubo grandes escándalos de putrefacción,
pues bien pronto los alimentos escasearon y usualmente la Unión
Soviética y sus afines enviaban los enlatados, que no cubrían todas las
necesidades.
Seguramente los especialistas cubanos, ahora en Venezuela, nunca se
vieron con posibilidades de ordenar compras por sí mismos, ni distribuir
grandes cantidades de alimentos. Las toneladas deben haber sobrepasado
su inteligencia y capacidad organizativa. Sobre todo, no han tenido
oportunidad de tomar decisiones, ejercer el trabajo de equipo; delegar
responsabilidades y escuchar criterios, fundamentalmente si son
distintos a los que se quiere oír. ¡Demasiado poder para la
incompetencia!
La inscripción en el Registro de Consumidores en Cuba es más importante
que en el libro de nacimientos. La “libreta de racionamiento” resulta el
primer documento que recibe cada cubano al nacer. Sin ella no se puede
comprar el litro de leche diario que recibirá el niño hasta los 7 años;
sin un certificado de nacimiento se vive. La Sra. Bárbara Castillo reinó
durante muchos años sobre la inmensa red burocrática de OFICODA (oficinas
comerciales de distribución de alimentos), las trapishoppings (trapi=trapo,
shoppings=tiendas -de ropa reciclada) y algunos establecimientos en
moneda nacional. Ni siquiera dispuso de las tiendas de venta en divisas.
El ALBA está permitiendo sobrevivir a un sistema incapaz de alimentar al
pueblo cubano porque no utilizó la inmensa subvención de cinco décadas
en crear capacidad productiva, y sí destruyó la poca existente. El
retroceso es escandaloso, cuando debe importarse el 80,0% de los
alimentos necesarios para mal comer, pero las pocas exportaciones no
cubren las divisas requeridas para hacerlo.
Cuba está tan pobre que en los últimos años ha recibido donaciones de
arroz de Viet Nam y este junio de Bolivia. Si las reformas
“estructurales y de concepto” no se aplican pronto, posiblemente no esté
lejano el día en que Haití también haga “aportes solidarios” a los
cubanos.
La Habana, 30 de junio de 2010
Miriam Leiva
Periodista independiente
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