El mapa institucional latinoamericano se encuentra saturado de ministerios, organismos, entidades, secretarías  y estructuras gubernamentales de las más diversas destinadas a la satisfacción de las múltiples necesidades de nuestras poblaciones.

Abundan entre otros los dedicados a la   salud, alimentación, vivienda, educación, industria, empleo, atención a la infancia,  a grupos especialmente vulnerables de  población, etc., sin embargo el mapa social latinoamericano muestra una realidad muy distante de la solución de los acuciantes problemas de nuestros pueblos. Sobran la miseria y sus eternos compañeros el hambre, el analfabetismo y la incultura, la infancia abandonada (el sector de  población más frágil, excelente caldo de cultivo para el comercio sexual,  consumo de drogas y  violencia), los ancianos desprotegidos,  las enfermedades de todo tipo  que alcanzan cifras vergonzosas,  el desempleo y en fin una enorme lista de males sociales imposible de enumerar en este corto espacio, de todos conocidos y que  a diario nos sacuden.

El análisis de este sombrío panorama plantea la lógica interrogante de por qué ocurren estas cosas en un continente rico en recursos naturales con poblaciones dadas al trabajo creador, emprendedoras y entusiastas.  Los investigadores sociales (y también los políticos) buscan en el sustrato histórico, en la expoliación de los diversos imperialismos que por aquí han pasado o en la rapacidad de las transnacionales la raíz de estos males pero pocas veces señalan de manera decisiva la enorme cuota de responsabilidad que han tenido nuestros dirigentes a todos los niveles y a lo largo de toda nuestra historia en la conformación de este desastre de dimensiones continentales.

Sobran los ejemplos acerca de cómo presidentes, gobernadores, alcaldes, senadores, representantes, asambleístas, diputados e infinidad de otros funcionarios públicos  han saqueado y continúan malversando los recursos de los pueblos, son los mismos que han jugado eternamente al fracaso de nuestras instituciones para luego aparecer como salvadores capaces de arreglar  los daños que  han creado o contribuido a crear, aprovechadores de oficio encumbrados en las diversas instancias de los gobiernos, muy hábiles también a la hora de   proponer soluciones mágicas utilizando los recursos de los pueblos,  de todos, pero apropiándose los laureles de la solución, fórmula  repetida miles  de veces en  nuestro continente: socializar los costos y privatizar las ganancias bien sean estas expresadas en términos netamente políticos, económicos o una combinación de ambos y de aquí a repetir el ciclo. Terminan entregando en la mayoría de casos solo migajas   y mucha propaganda,  muy  poco en realidad de aquello que con urgencia necesita la gente aunque la corte de aduladores que siempre les acompaña adorne con infinitos aplausos la ética del despojo.

Solo un número inmoralmente ínfimo de estos señores es llevado ante tribunales  a responder por sus delitos  y menos  aquellos que pagan por sus deudas con la sociedad pero, peor aún, en numerosos casos son los denunciantes de tales hechos los llevados ante jueces  sin escrúpulos a la hora de prostituir la Justicia que dicen representar.

La impunidad descarada, sustrato de la corrupción galopante en el negocio del poder y junto a ella  la miseria moral, la peor de las miserias, resultan ser  de los más poderosos motores generadores del fracaso de las instituciones en nuestro continente que lejos de robustecerse terminan siendo derrotadas, cada vez más incapaces de cumplir con los cometidos para los cuales fueron creadas; la consecuencia es una deuda social latinoamericana siempre creciente que ha puesto a muchas de nuestras naciones en la  situación de vivir con una mecha encendida al lado de un  barril de pólvora; bajo estas circunstancias los aplausos tarifados de los halagadores de turno y el silencio cómplice, que también se suele comprar, pueden resultar muy peligrosos.

Fdo.: Dr. Antonio Llaca

Desde la ciudad de El Tigre. Edo. Anzoátegui. Venezuela /    Mayo/2006