LA HABANA, Cuba, noviembre (www.cubanet.org) - La noticia de que España participará en la Cumbre del G20 para analizar la grave crisis económica mundial, el próximo 15 de noviembre en Washington, es excelente.
Era absurdo que el país europeo, uno de los 10 más ricos del planeta por su PIB, quedara fuera de ese evento. La reconsideración de su asistencia, que constituye un triunfo de todos los españoles, logrado con el apoyo de la Unión Europea y en particular de Francia, es justa, y ha sido bien recibida por las personas con sentido común, porque ningún actor de peso debe quedar excluido de unas conversaciones que pueden tener trascendencia fundamental para el destino de la humanidad.
La crisis que hoy se afronta es global, y como han dicho muchos dignatarios, se necesitan igualmente soluciones globales en un mundo cada día más interconectado y, por tanto, más urgido de la cooperación internacional en un marco donde rijan reglas claras para todos. Indudablemente, hay países como Estados Unidos que siguen teniendo un peso decisivo. Sin embargo, nuevas naciones han cobrado gran importancia, como China, India, Brasil, México, Rusia y otras, cuya participación es imprescindible para la solución de los problemas.
Esta reunión del G20 también podría servir de antecedente para activar el tratamiento de los riesgos derivados de la problemática del medio ambiente, el hambre y la miseria en importantes sectores poblacionales y la inestabilidad social.
Los cubanos que en muy difíciles condiciones luchamos por alcanzar la democracia y el respeto de los derechos humanos, vemos con simpatía la participación de España en ese cónclave. Lamentablemente, no podemos decir lo mismo sobre la actitud de las actuales autoridades españolas, que como norma han despreciado a las personas que abogamos por la democracia dentro de la sociedad civil cubana, priorizando a ultranza sus relaciones con los representantes del totalitarismo.
Aunque en las Conclusiones del Consejo de la Unión Europea sobre Cuba de junio de 2008 quedó plasmado que “durante las visitas de alto nivel deberían abordarse siempre las cuestiones relativas a derechos humanos; si procede, formarán parte de dichas visitas reuniones con la oposición democrática”. De acuerdo a esa formulación, parece que el gobierno de España logró incluir “si procede” para justificar su censurable conducta.

Después de la llegada de altas delegaciones españolas a Cuba y el recibimiento del canciller cubano en Madrid con destacado afecto, el Sr. José Blanco, vicesecretario general del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) en el poder, visitó La Habana a principios de noviembre, pero no se interesó por escuchar también a integrantes de la oposición democrática. Bien saben los visitantes que las autoridades cubanas tratan de impedir que se reúnan con ellos.
Realmente no deberían escoger entre la complacencia con el gobierno o reconocer y escuchar las opiniones de quienes en muy difíciles condiciones procuran ejercer sus derechos, que no tienen que ser rogados a nadie. En España, los representantes de gobierno y partido cubanos se reúnen, visitan y organizan actividades públicas sin condiciones. ¿Por qué los representantes de un país democrático, que tiene tanto peso internacional como para participar en la cumbre del G20, acepta imposiciones degradantes del totalitarismo añejo de 50 años?
Esa actitud refleja claramente una línea de acción en procura de favores comerciales y económicos, con flagrantes violaciones de los derechos laborales de los trabajadores cubanos. En modo alguno resulta criticable que quieran promover sus negocios en Cuba, pero con ética, y sin olvidar que hay cientos de presos políticos pacíficos y de conciencia, así como existe una cruenta represión contra los ciudadanos que se expresan independientemente de forma constructiva. Los cambios prometidos por las autoridades no se han realizado en Cuba.
Constituye una gran contradicción que el PSOE, con su historia de lucha por la justicia social, y también reprimido durante décadas, actúe de esta forma. Estimulan, sin embargo, las muestras permanentes de solidaridad del hermano pueblo español.

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