GOBERNABILIDAD DEMOCRÁTICA Y EL DESARROLLO SUSTENTABLE

Ramón Guillermo Aveledo

Queridos compañeros de la STC,

Para estar junto a ustedes no he tenido que hacer un viaje, porque lo que ustedes representan siempre va conmigo.

Representan ustedes a Cuba, un país al que amo por lo mismo que amo a mi patria Venezuela, porque no puede ser de otra manera. De un modo tan natural como aquel con que el camagüeyano Francisco Javier Yánez fue diputado al Congreso que declaró la Independencia venezolana en 1811, cuya Acta firma, y el caraqueño Narciso López, metido en la lucha por la Independencia de Cuba desde 1848 y por eso condenado a muerte por garrote vil en La Habana, dibujó la bandera de la estrella solitaria.

Representan ustedes al mundo del trabajo. Una realidad y, al mismo tiempo, un valor humano. Un derecho y un deber. “Trabajo es lo que hay que dar, y su valor al trabajo”, decía Andrés Eloy Blanco, el más entrañablemente popular de nuestros poetas.

Representan ustedes la libertad, “esencia de la vida”, que diría Martí.

Gracias, pues, por esta invitación.

Primero los valores

Si creemos, como dice la nueva encíclica, que “Una de las pobrezas más hondas que el hombre puede experimentar es la soledad”, no nos será difícil entender el por qué de la vida social y, el para qué de la comunidad política. La razón profunda y esencial de por qué una persona libre, y por lo tanto responsable, es un ciudadano solidario, no solitario.

Primero fue la persona, después la sociedad y, como modo de organizarla para cumplir mejor sus fines, llegamos a la comunidad política. Si tenemos claro ese orden lógico todo está claro y se nos revela el sentido de la política.

Los seres humanos somos individuales, pero también sociables y sociales, porque necesitamos de los otros para realizarnos plenamente. Y si la vida social es una dimensión natural, “esencial e ineludible” de la vida humana, también deberíamos ser solidarios. La solidaridad nace de la conciencia de lo compartido, que es el fruto de creencias, vivencias y sentimientos. Esa conciencia es la conciencia de pueblo.

Humanamente hablando, lo social es una dimensión natural sin la cual la vida personal no es completa. Socialmente hablando, el sentido común es el sentido de lo común, de lo compartido como actualidad y, sobre todo, como destino, por las personas libres y responsables que integran ese pueblo. La comunidad de valores sustenta la comunidad política al darle un espacio para desenvolverse y unas raíces a partir de las cuales crecer, y la comunidad de destino da orientación vida social en general y a la comunidad política en especial, particularmente a aquella que vive y progresa en la práctica del sistema democrático. Ambas conciencias, la relativa a lo que nos une y la referida a lo que buscamos, nutren la convivencia y marcan su rumbo. No la eximen del conflicto, aún del conflicto grave, pero atenúan su impacto, proveen herramientas para manejarlo, ofrecen salidas a las crisis que del conflicto pueden derivar y recuerdan los motivos para seguir adelante, para trascender la encrucijada comprometedora, para vencer la dificultad. Porque la comunidad es para las personas y no al revés. Por eso, así como los individualismos padecen de un severo déficit de humanidad, los colectivismos son radicalmente antihumanos.

Fortalecer lo que nos une

En democracia, el sujeto de la autoridad política es el pueblo, en cuyo nombre la ejercen sus representantes. La representación se legitima en el ejercicio real de la deliberación, así como en la vinculación con los representados y en la efectiva respuesta a sus necesidades, tanto presentes como futuras, ante las cuales el liderazgo responsable debe ser previsivo. Si el pueblo en su totalidad es el titular de la soberanía, todo aquello que promueva su solidaridad en libertad es constructivo, y lógicamente, cuanto fomente la división, la disgregación y el encono es antidemocrático.

La democracia no es sólo una regla numérica de gobierno de la mayoría. Tampoco el respeto formal a las normas, que si es genuino es importantísimo, pero nunca suficiente. Es, primero que todo, un modo de convivencia basado en valores humanos y morales, indisolublemente unidos a la dignidad de la persona, y por lo tanto no sometidos a la voluntad circunstancial de un líder y ni siquiera de un Estado, o a la opinión, naturalmente variable, de una mayoría. A veces, por cierto, se nubla la visión y se confunden el respeto y la tolerancia a la diversidad, con el apartamiento de esos valores universales sobre los cuales precisamente se asientan ese respeto y esa tolerancia. Parece que Occidente se hastiara de sus valores cuando éstos están bajo el fuego del ataque, a veces literal.

Los valores dan un piso sólido a la comunidad política y hacen posible su funcionamiento democrático. Uno de esos valores es el citado respeto a los derechos humanos, los cuales “fijan el ámbito donde puede hacerse valer la voluntad de la mayoría”, pues hay derechos que, sencilla y claramente, no son disponibles.

La cuestión de la comunidad de valores nos plantea el tema de las virtudes cívicas, sobre el cual quisiera volver aunque fuera un instante. Estas se traducen a un sentido expansivo de comunidad, según Höffe . Virtudes como el coraje cívico y el sentido de la ley, afincadas en las clásicas máximas del Derecho Romano de vivir honestamente, no dañar a nadie y reconocer a cada quien lo suyo . La idea de que los equilibrios sociales necesarios se forman espontáneos si se deja libre el juego de la competencia entre los intereses, base de las desregulaciones a ultranza y la limitación del estado a un papel arbitral puede acabar produciendo efectos contrarios a los deseados, “no solo por razones de ambición y envidia” sino porque dado un justificado temor de salir perdedores en la lucha distributiva, “ni los individuos ni las asociaciones pueden permitirse practicar la renuncia unilateral. Al contrario, tienen que hacer demandas excesivas.”

También son virtudes cívicas la tolerancia y el sentido de la justicia. Ese sentido “demandante y auténtico” es necesario para crear una comunidad vocacionalmente justa y que se manifiesta en un sentido constitucional de justicia, en los grandes principios. Un sentido legislativo de justicia, en circunstancias que son cambiantes. Y, un sentido de justicia aplicable, porque la ley no basta y frecuentemente es imperativo llegar a acuerdos, transacciones entre las diversas demandas, para evitar una dinámica de vencedores y vencidos.

Hacia el consenso alrededor de los valores de la convivencia civil, libre, responsable, solidaria hay que avanzar, por más que cueste. En cambio, el abandono de los valores nos precipita por peligrosos atajos en los cuales apostamos lo esencial a los dados de la aventura.

La amplitud y la tolerancia, promueven. El sectarismo y la intolerancia disuelven. La apoteosis del sectarismo y la intolerancia es la confusión de la patria con un partido.

La educación para la libertad une, porque acerca lo diverso, porque ayuda a comprender. La educación para el encuadramiento ideológico desune, porque niega al otro, negación de la cual deriva la mayor distancia posible.

La solidaridad une, mientras el egoísmo y el clasismo dividen. La indiferencia es tan disolvente como el resentimiento, una produce desconfianza, odio el otro. Ambos envenenan la convivencia libre.

El gobierno sensato y moderado, bajo el imperio de leyes justas, y sinceramente atento a la vida del pueblo de carne y hueso, acerca. La arbitrariedad y el abuso del poder, la ley injusta y el menosprecio de las necesidades reales de la gente real, separan. Este menosprecio puede surgir de la indiferencia, del egoísmo o de la fantasía ideológica que prescinde de la realidad porque prefiere inventarse una de ficción.    

La democracia y su gobernabilidad

La democracia es el pueblo que, en ejercicio de su soberanía, cuida y enriquece su libertad, produciendo el orden que requiere. Orden social: Una sociedad equilibrada, pacífica, equitativa, incluyente. Abierta al progreso y atenta a sus miembros más débiles para no dejarlos solos, sin humillarlos ni aprovecharse de sus carencias con fines instrumentales.

Un sistema político así concebido es más exigente que cualquier dictadura. Se legitima en sus fundamentos, y también en su desempeño. No le basta complacer a un selecto club que, al mismo tiempo, lo desprecia y lo goza. Tiene que funcionar para todos. Tiene que darle vida a la deliberación, para no dejarse seducir por los cantos de sirena de una presunta democracia directa que se proclama participativa, pero que puede deslizarse fácilmente hacia la dictadura plebiscitaria.

Gobernar supone una actividad permanente de dirección, mediante actos diversos por parte de los órganos constitucionalmente competentes. Dos pilares la sostienen: la legitimidad y la gobernabilidad.

La legitimidad tiene que ver con que el poder se origine y se desempeñe de conformidad con los valores éticos que lo justifican. El Estado Democrático de Derecho es “una idea cargada de moralidad” , y sus principios son el imperio de la ley, la separación de poderes y la protección de los derechos humanos.

La gobernabilidad tiene que ver con unas condiciones y unos factores que facilitan el gobierno. La capacidad social de tomar y ejecutar decisiones para satisfacer sus necesidades o responder a sus demandas.

Disposición de la sociedad a aceptar los productos del sistema político y a desarrollarse en el marco seguro de un orden constitucional aceptado. El nexo fraternal entre legitimidad y gobernabilidad se establece porque ésta está formada por la legitimidad y la eficacia. Así que la dialéctica de la gobernabilidad es un proceso permanente  y en una democracia, signada por la libertad y definida en la síntesis de Lincoln: “gobierno del pueblo, para el pueblo y por el pueblo”, la gobernabilidad supone respeto a las reglas, admisión realista y sincera de la pluralidad, elaboración de consensos, conciencia de que se gobierna para todos, y promoción de los derechos humanos.

El jurista venezolano Henrique Meier, califica certeramente al Estado Democrático de nuestro tiempo, consecuencia de una evolución de neto signo crecientemente humanista, y superación histórica de las etapas de Estado Liberal de Derecho y Estado Social de Derecho, en su hora logros de enorme trascendencia, como “Estado Democrático de los Derechos Humanos”. Ese que ya prefiguraba la Carta de la OEA de 1948 que algunos, como ya ocurrió antes, prefieren ignorar por ese miope oportunismo que siempre acaba saliendo tan caro, definido “dentro del marco de las instituciones democráticas, un régimen de libertad y justicia social, fundado en el respeto de los derechos esenciales del hombre.”  Derechos civiles y políticos, familiares y sociales, culturales y educativos, económicos, ambientales, religiosos. Derechos, cuya progresividad es un signo del avance indetenible en las conquistas de la humanidad.

Al final nos encontramos, siempre, con el principio: Se gobierna por encargo, en nombre de otros y para ellos, así veremos a “todo gobierno como una tarea sujeta a la justicia y al bien común.”

El mismo Hennis del concepto precedente, nos recuerda a Edmund Burke: quien ejerce el poder debe estar “fuerte y reverentemente” convencido de que actúa fiduciariamente. Esa noción del poder como trust, previene contra las desviaciones en las que no es raro caer, máxime si la institucionalidad es débil y son los propios mandantes los que esperan, y exigen, milagros.

Ha llamado nuestra atención Benedicto XVI en su reciente carta: “El aumento sistémico de las desigualdades entre grupos sociales dentro de un mismo país y entre las poblaciones de los diferentes países, es decir, el aumento masivo de la pobreza relativa, no sólo tiende a erosionar la cohesión social y, de este modo, poner en peligro la democracia, sino que tiene también un impacto negativo en el plano económico por el progresivo desgaste del «capital social», es decir, del conjunto de relaciones de confianza, fiabilidad y respeto de las normas, que son indispensables en toda convivencia civil” .

Hablamos, entonces, de la sustentabilidad básica de la democracia, que es la social.

Cierta jerga denomina “costo social” a los empleos que desaparecen o, mucho peor, incluso a las vidas que se pierden por hambre. Hablan de “costo social”, porque parten del supuesto de que esos puestos de trabajo o esas vidas no serán los suyos, ni los de sus familiares. El “costo social” de los tecnócratas tiene su equivalente en el “costo revolucionario” de quienes pretenden imponer su fantasía ideológica. Es famoso que Mao consideraba posible que la mitad de la población china tuviera que morir en el intento de construir el socialismo. ¿Palabras? La hambruna causada por las descabelladas políticas del “Gran Salto Adelante”, mató cerca de treinta millones de seres humanos.

En estos aspectos de la sostenibilidad social de la democracia ¡Cuidado con los falsos dilemas! Es de Haya de la Torre la clásica sentencia “Ni libertad sin pan, ni pan sin libertad”. Y décadas más tarde, consciente de la trampa de quienes nos piden la libertad a cambio de una justicia que nunca llega, Frei la enunció de este modo: “Si nos ponen a escoger entre la libertad y el pan, escogemos la libertad para seguir luchando por el pan.”

La alternativa a la indiferencia o la subestimación de estos problemas está en la libertad, la responsabilidad y la solidaridad, y nunca en la demagogia de una fracasada cartilla populista. La necesaria eficiencia no tiene por qué sacrificar la afectividad, ni la modernidad es contradictoria con la sensibilidad humana. No hay dilema entre libertad y justicia. También es falso que debamos escoger entre prosperidad y equidad. Sin equidad la prosperidad es más aparente que real y, por eso, precaria. Sin prosperidad la equidad es imposible.

La solidaridad es para promover, para ayudar a la autoayuda, no para atar a una indeseable dependencia de la dádiva estatal que agrava las carencias de la pobreza con la necesidad agregada del paternalismo fiscal cuyos costos acaban siendo mayores.

La prédica disolvente de la división y el encono siempre anda por allí, en boca de quienes ofrecen un atajo a la felicidad, que en realidad lleva al precipicio de un poder sin límites ni controles al servicio de sí mismo. Es relativamente sencillo que por un descuido ante el desorden social, surjan los “mesianismos prometedores” que Caritas in Veritate nos quiere recordar y que Populorum Progressio: vinculaba a la búsqueda de ilusiones en una tentación que se hace violenta.  Son los llamados por Félix Varela, “ídolos del poder” siempre propensos a “infringir las leyes” basados en “especiosas razones que encuentran para hacerse superiores a ellas” .  Si el caudillismo y el militarismo, así como las caricaturas de nacionalismo produjeran bienestar, El Dorado no sería un mito, sino la descripción de un viaje por América Latina.

La paciencia construye. La impaciencia, destruye. Paciencia no es pasividad ni conformismo. Las instituciones son el testimonio de la perseverancia de los pueblos. ¡Cómo nos cuesta a los latinoamericanos hacer instituciones! Entre nosotros y el desarrollo institucional se atraviesan nuestra impaciencia, nuestro voluntarismo y nuestro personalismo. Cuando esos viejos fantasmas vuelven, habría que recordar el daño que nos han hecho esos viejos conocidos.

Desarrollo sustentable

Hemos hablado, desde el punto de vista político y social, de un desarrollo humanamente sustentable. Detengámonos unos instantes en el desarrollo y su sostenibilidad, ahora que nos aproximamos a la conclusión de estas palabras.

Sabemos, por una doctrina tan sabia como profunda y permanente, que el desarrollo es el paso de un nivel menos humano a uno más humano de vida, y que para ser integral, el desarrollo ha de ser de todo el hombre y de todos los hombres. Por eso es que se despliega con amplitud y fuerza de tarea social y estatal en la promoción de los derechos humanos. Naciones Unidas nos habla de indicadores de desarrollo humano. En realidad, el desarrollo es humano o no es desarrollo.

La responsabilidad del gobierno democrático no se agota en el presente, su horizonte es más ancho. Es, ante todo, una responsabilidad con las generaciones futuras.

Pensadores de este país nos han dicho: “Los gobiernos previsores hacen dos cosas básicas: utilizan una onza de previsión antes que una libra de cura; y hacen todo lo posible para tener perspicacia en sus tomas de decisiones.”

¿Cómo entonces afrontar el reto del desarrollo, esencialmente humanista, en armonía con nuestra responsabilidad hacia nuestros nietos?

El crecimiento económico, necesario para producir riqueza y oportunidades equitativas de prosperidad para todos, tiene consecuencias. También el empobrecimiento de vastos segmentos de la humanidad. Uno y otro fenómeno, cada uno a su modo, inciden e incidirán en la progresiva degradación del entorno físico-natural en muchas regiones del planeta, con su predecible impacto global con secuelas en la calidad de vida, los conflictos sociales, las migraciones y otros desajustes. Como la respuesta a esos justificados temores no puede ser un retroceso que condene a millones a la miseria, lo cual traería a su vez, conflictos a otra escala, lo que se impone es un paradigma que sea consistente con la radical humanidad del desarrollo como proyecto.

Mi ilustre compatriota Arnoldo José Gabaldón , uno de los pioneros del ambientalismo latinoamericano, ordena los objetivos del desarrollo sustentable. Su priorización es tan concisa y reveladora que casi vuelve sobrantes las explicaciones:

•          Ser socialmente justo

•          Ser capaz de generar prosperidad económica

•          Ser realizable en plena libertad

•          Tener una de sus palancas fundamentales en el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales

•          Estar orientado por principios éticos

•          Llevar la educación a todos los niveles

•          Promover la ciencia y la tecnología

•          Utilizar la ordenación del territorio como uno de sus principales instrumentos de gestión ecológica

•          Tener los ojos puestos en la generación presente, pero también en las generaciones futuras.

•          Atender los compromisos internacionales.

El entorno político favorable a ese tipo de desarrollo es la democracia con valores claros, instituciones fuertes y compromiso con su pueblo. El camino más corto para procurarlo es la inversión en capital humano y social mediante la educación de calidad accesible a todos, y la promoción de una cultura que le sea propicia. Económicamente, se expresa en una agricultura sostenible porque usa mejor los recursos naturales, es socialmente viable y económicamente rentable. En una ecología industrial. En una nueva conciencia y una nueva estrategia energética, y lo dice responsablemente el ciudadano de un país petrolero. En una convivencia urbana renovada, gracias a una alianza promovida por el sector público, entre éste, el sector privado y la sociedad civil organizada. En todo esto, la viabilidad económica es indispensable.

Es verdad que el mapa latinoamericano de hoy muestra demasiados puntos oscuros, desalentadores rezagos y aun retrocesos. También avances que no son pequeños, en la demostración de nuestras capacidades para convivir en libertad y producir prosperidad, reducir los niveles de pobreza y mirar sin complejos este mundo exigente. Comprometidos en esa tarea, en alma, vida y corazón, podremos anunciar con toda propiedad, que América Latina puede ser, vuelve a ser, el continente de la esperanza.

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